El rechazo por parte de la Cámara de Diputados de la idea de legislar la reforma tributaria tiene una contraparte que ya despertó preocupación en ciertos círculos empresariales, como el de la Cámara Nacional de Comercio (CNC).
Del momento que se frenan los cambios propuestos, las pequeñas y medianas empresas (PYME) enfrentarán un alza de impuesto.
Durante la pandemia se aprobó una ley que redujo transitoriamente el impuesto de Primera Categoría para las compañías del Régimen PYME, que facturen ventas por hasta 75 mil UF promedio en los últimos tres años. Así, se redujo temporalmente el gravamen desde 25% a 10% hasta 2023.
Ante este escenario, la reforma rechazada proponía una mayor gradualidad en dicho incremento, situándolo en 13% este año, 20% en 2024 y llegar a 25% el 2025.
En términos prácticos, la nueva tasa será aplicable en la declaración de renta del 2024, que afecta a las ganancias registradas este año.
Un nuevo proyecto
A través de una declaración, el gremio que reúne a las empresas del comercio señaló que “la votación de ayer (miércoles) no es un triunfo de los ricos contra los pobres, tampoco de los empresarios contra los trabajadores”.
El escrito, firmado por María Ignacia Rodríguez, secretaria general de la CNC, llama a dejar las caricaturas de lado y a avanzar en cambios que beneficien al país. “Lo que ocurrió, fue el rechazo democrático a un proyecto de ley que no fue apoyado por las PYME, porque no las favorecía”, asegura Rodríguez.
Considerando esto, desde la entidad plantearon que, de diseñarse una nueva propuesta, esta se interiorice genuinamente de la realidad de las empresas de menor tamaño y sus necesidades.
En lo inmediato, dijeron, el Gobierno puede demostrar con hechos que sí se las apoya. “Para eso, basta enviar un proyecto que sabemos tendrá unanimidad, para dejar la tasa de su impuesto de primera categoría en un 10%”, expusieron.
Y acotaron: “No es justo que los dueños de las PYME, que pagan en sus impuestos personales una tasa menor (promedio 7%) terminen financiando al Estado. Si eso no se cambia, pagarán una tasa corporativa de un 25% y el Estado deberá devolverles esa diferencia (18%) varios meses después y sin intereses”.
A modo de cierre, la declaración indicó que el rechazo a esta reforma “no puede ser la justificación para no hacer las mejoras urgentes que las pymes y la ciudadanía requieren y hay espacio suficiente para que trabajemos unidos en la búsqueda de esas soluciones”.
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