La destitución de la exsubsecretaria de Vivienda Tatiana Rojas no ha contribuido a aplacar los ánimos en el caso Democracia Viva. De hecho, durante el fin de semana diversos representantes de Revolución Democrática (RD) han endurecido el tono, mientras que en el oficialismo persiste la inquietud acerca de que los efectos de este caso de corrupción pudieran tener más ramificaciones y, peor aún afectara al ministro socialista Carlos Montes.
Es por ello, y tal como lo anunció el viernes pasado, esta mañana de martes, el presidente de RD, senador Juan Ignacio Latorre, presentó una querella en contra de quienes resulten responsables ante la Fiscalía de eventuales delitos en el marco de los convenios suscritos entre la Fundación Democracia Viva y la seremi del Ministerio de Vivienda de Antofagasta.
Si bien, hasta la semana pasada, el timonel de Revolución Democrática había sido bastante cauto en sus dichos y en el tratamiento del tema, tras la presentación de la querella admitió que con los antecedentes que se han ido conociendo existe “sospecha de delito”.
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De "descriterio político" a corrupción
Tras a diligencia, el timonel de la colectividad fue especialmente duro en sus apreciaciones, aseverando que, “efectivamente, hay sospecha de corrupción, de que se forma una organización que tiene muy poco tiempo de existencia y que empieza a buscar convenios con el Estado, con muy amplia diversidad de temas, para sacar provecho de los recursos públicos”.
Incluso, el dirigente, no descartó la existencia de una “red” de personas involucradas en este entramado con el objeto de defraudar al Fisco.
Latorre fue categórico en aclarar que “los antecedentes iniciales que teníamos, tanto el Gobierno como nosotros, era que en principio no había nada que estuviera fuera de regla, sino que había más bien un descriterio político; pero en la medida que se van conociendo más antecedentes, hay ya sospecha de delitos y, obviamente, por eso entra la Fiscalía”.
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