M. Sánchez / G. Cerda
La redacción del proyecto de ley que establecerá un post natal de 6 meses, será clave. Y no sólo por los apoyos políticos que requiere sino también para evitar posibles declaraciones de inconstitucionalidad. A tal punto, que la fórmula anunciada la semana pasada por el presidente Sebastián Piñera, fue especialmente analizada en La Moneda desde el punto de vista de cumplir con la Carta Magna, dado que “existe un posible sesgo de inconstitucionalidad”, señalan fuentes oficialistas.
La iniciativa del gobierno plantea la extensión del beneficio maternal en doce semanas, obligatorio para quienes tienen una remuneración bruta menor a las 30 UF y flexible para las mujeres que tienen un ingreso mayor a ese monto.
Precisamente, es aquí donde surgen los “eventuales vicios”, toda vez -dicen los expertos y sectores de la Concertación- que el Artículo 19, N°2, plantea “la igualdad ante la ley. En Chile no hay personas ni grupos privilegiados”.
De hecho, agregan otras fuentes, tanto la Secretaría General de la Presidencia (Segpres) como el Ministerio de Hacienda, plantearon “la posible inconstitucionalidad frente a la flexibilidad que se le entregaba a las mujeres del quinto quintil”.
La otra piedra de tope es que el mismo artículo de la Carta Magna señala que “hombres y mujeres son iguales ante la ley. Ni la ley ni autoridad alguna podrán establecer diferencias arbitrarias”.
Por tanto, indican las fuentes, “si el proyecto se basa en el derecho del niño a la lactancia y el apego, naturalmente no puede diferenciar entre niños de mamás de altos ingresos y bajos ingresos”. Desde este punto de vista, agregan que “como todos los lactantes tienen ese derecho, es decisivo cómo se redacte el proyecto”.
Mirada técnica
Al ser consultados los abogados constitucionalistas por este debate, lo primero que aclaran es que se requiere revisar la redacción del proyecto. “Es esencial ver escrita la iniciativa”, señala un experto.
Para el abogado Gonzalo García, dado que aún no hay un proyecto de ley, el gobierno debe considerar tres cosas elementales en el respeto de la Constitución.
Primero, en materia de igualdad ante la ley, el estándar plantea que sí se pueden hacer diferencias, pero “no pueden ser arbitrarias, irracionales, discrecionales”. Por tanto, “se debe explicar con claridad por qué se hace un corte entre uno y otro sector”.
Segundo, “y que no es menor, es ver si se presentan estos derechos como renunciables o no, ya que de manifestarse alguna perspectiva de renunciabilidad sería inconstitucional”.
Tercero, que la finalidad de la iniciativa sea la protección del niño.
En resumen, indica el abogado, “hay que tener ciertas prevenciones, como que satisfaga el estándar constitucional de irrenunciabilidad en los derechos y de finalidad de protección del recién nacido”.
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