El proyecto que otorgará una nueva institucionalidad al Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) vive horas clave en el Congreso. Y mientras la comisión de Economía del Senado continúa hoy con el análisis de las indicaciones ingresadas por el gobierno, algunos expertos mantienen la visión de que el texto necesita cambios adicionales.
El ex ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, es un ejemplo de ello. El abogado realizó un documento para analizar el nuevo gobierno corporativo que tendrá el Sernac de aprobarse el proyecto, luego de que el comité de Derechos del Consumidor de la Sofofa y el Comité de Retail Financiero solicitaran su opinión.
Ferreiro plantea que pese a las indicaciones, el proyecto aún tiene “asuntos pendientes” y si bien recalca que no cuestiona las competencias del Sernac, “creo que para su mejor ejercicio, todavía hay cuestiones que deben ser mejor resueltas”.
Debido a la naturaleza de las nuevas atribuciones que tendrá el Sernac -fiscalizadoras, sancionatorias y normativas-, Ferreiro plantea que se deben aumentar los resguardos y controles que mitiguen el riesgo de un ejercicio arbitario o abusivo, lo que sería resuelto con un organismo colegiado, como el mismo gobierno ha propuesto para otros organismos públicos, como la nueva Comisión de Valores.
“Las indicaciones están a medio camino de avanzar hacia un órgano colegiado”, sostiene Ferreiro, ya que -añade- lo que hay es un consejo normativo con un funcionamiento débil y atribuciones “más bien escasas”.
En opinión del ex ministro, el consejo debería ir más allá de validar las propuestas de interpretación o de las normativas mismas que presente el director nacional del Servicio y también debería proponer normativas, además de tener competencias en la aplicación de sanciones.
“El consejo normativo es un avance, pero insuficiente, no altera mayormente el gobierno corporativo del Sernac, el que sigue siendo unipersonal”, dice.
También en el tema normativo, Ferreiro ve necesario detallar cómo será el proceso de consulta pública al cual serán sometidos los cambios normativos, y que también sería necesario acompañarlos con un informe de impacto regulatorio previo a la puesta en marcha de la norma, para establecer los beneficios y los costos de la misma.
Otro punto que debiera aclararse es cómo se resolverán las diferencias de interpretación con los reguladores sectoriales. “Las nuevas competencias del Sernac probablemente se van a yuxtaponer, traslapar con otras instrucciones que han dictados otras Superintendencias”, sostiene ya que hasta ahora el proyecto solo plantea que habrá consulta entre instituciones al crear una norma, pero no plantea que se hará si las instituciones discrepan.
“Si eso no se aborda, vamos a estar incubando conflictos de interpretación e incertidumbres jurídicas para adelante”, sostiene.
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