Era una de las exposiciones más esperadas por los parlamentarios y el gobierno previo al debate de indicaciones al proyecto de reforma laboral que la próxima semana entra en tierra derecha en el Congreso.
Ayer llegaron hasta la comisión de Trabajo de la Cámara, el nuevo el director para el Cono Sur de América Latina de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), Fabio Bertranou, y la especialista en normas internacionales y relaciones laborales del organismo, Kirsten María Schapira, a exponer sus observaciones respecto de la inciativa de gobierno.
"Chile tiene ratificados dos convenios, el N° 98 de sindicalización y negociación colectiva y el N° 87 sobre libertad sindical y protección del derecho de sindicalización, son dos convenios fundamentales y entendemos que el proyecto que se ha presentado trata de poner de relieve, modernizar y poner en línea la legislación del país para dar cumplimiento con los principios que establecen los convenios", dijo el jefe subregional de la OIT.
Precisó que la oficina de la OIT no es el organismo de control de la entidad y en el análisis sólo interpretan sus dictámenes. "No estamos en condiciones de dar una definición determinante, sino que una anotación de la propuesta de modificación legal", agregó Bertranou.
La mayor parte de la exposición la hizo la experta Kirsten Schapira, quien se refirió en términos generales al cumplimiento del proyecto de ley en relación a la normativa de la OIT. Sin embargo, ante la consulta de los diputados ahondó en los alcances de la nueva norma de servicios mínimos.
"Los servicios mínimos dan una concesión para evitar accidentes, seguridad (en la empresa). Otro tema es la seguridad económica, que es muy importante, actividades productivas mínimas entran en esta preocupación, por ejemplo la amenaza de perder contratos y participación en el mercado, ese es precisamente el valor agregado de una huelga, ésta tiene el propósito de generar algunas amenazas de índole económico, no de seguridad (a la empresa), es decir, esta amenaza es la mejor para que las partes se sienten a negociar. Los órganos de control (de la OIT) nunca han contemplado -y nunca lo van a hacer- servicios mínimos en el sector productivo, porque el propósito de una huelga, como última ratio, es forzar a las partes a negociar, no con un as bajo la manga", explicó.
Respecto de la extensión de beneficios a cambio del pago de la cuota sindical, la experta dijo que "eso podría significar un ataque a la libertad sindical de los trabajadores no sindicalizados, el tema no es de una eventual extensión, también contempla costos y a lo mejor el trabajador decidió no afiliarse a un sindicato por los costos de su afiliación. Entonces, en el momento en que se fuerza al trabajador a pagar costos para tener beneficios podría plantearse un problema con la libertad sindical del trabajador individual".
En cuanto a los castigos por prácticas antisindicales, señaló que "las sanciones son buenas, sin embargo, no son la solución única para introducir un cambio positivo".
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