Por Claudia Betancourt M.
Cercanos al ministro Joaquín Lavín dicen que en estos últimos meses está totalmente “mapuchizado”. Desde que llegó a dirigir el Ministerio de Desarrollo Social, este tema -junto a la encuesta Casen y la agenda social del gobierno- ha estado dentro de sus prioridades.
Lavín -que incluso ya esboza algunas palabras en mapudungun- ha liderado gran parte de las reuniones y diálogos que el gobierno ha sostenido con los dirigentes mapuches con el fin de destrabar el conflicto en La Araucanía, que, hace más de un mes, tuvo en la muerte del matrimonio Luchsinger-MacKay uno de sus hitos más violentos.
Temas como los mecanismos de consulta del convenio 169 de la OIT, el reconocimiento constitucional de los pueblos originarios y las fórmulas de participación política de éstos, son parte de las materias que espera sacar adelante en los próximos meses.
- Entre los proyectos que el gobierno informó que presentarán en abril está el de establecer, por ley, los mecanismos de consulta que exige el Convenio 169. ¿Cuál es la novedad? ¿Esto no es una obligación para los países que lo han ratificado como Chile?
- El Convenio 169 entró en vigencia en 2009 y hasta ahora, las consultas en esta materia se han regido por el Decreto Supremo 124 dictado en el gobierno de la ex presidenta Bachelet, que establece las fórmulas de consulta. La gran preocupación o el gran planteamiento de los pueblos originarios es que ese Decreto no fue consultado con ellos, lo que es muy cuestionado por los pueblos originarios. Dada esa situación, decidimos dar un impulso y ahora es más rápido consultar un mecanismo de consulta que sea respetado por todos. Esa es la denominada consulta sobre la consulta. Y la idea es que este mecanismo de consulta tenga toda la fuerza de una ley, y antes del 30 de abril, se va a enviar un proyecto de ley al Congreso estableciendo este mecanismo de consulta para que tenga más fuerza jurídica.
- ¿El proyecto en qué consiste?
- Lo que se establece es cómo en el futuro los pueblos originarios van a ser consultados cuando exista una ley o una medida administrativa que los afecte. Ahora las consultas hay que hacerlas pero no son vinculantes.
- ¿Como por ejemplo?
- Proyectos de Obras Públicas que en ciertos trazados pasan por lugares que son importantes desde el punto de vista de los pueblos originarios, requiere consulta. Las consultas se realizarán cuando afecta directamente a los pueblos originarios, y eso significa reasentamiento de comunidades, alteración de monumentos, sitios con valor antropológico, arqueológico, histórico o perteneciente al valor cultural indígena.
Proyectos postergados
- ¿Qué pasa con los proyectos de inversión que están en esos lugares y que se han visto afectados?
- El caso de los proyectos de inversión es diferente. Estos van a requerir un esquema de consulta que se va a hacer a través del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA). Este sistema establece un mecanismo de participación ciudadana y ahora el nuevo reglamento especifica dentro de esa participación ciudadana las consultas indígenas cuando éstas se requieran.
- ¿Cuántos proyectos se han visto retrasados?
- Si hay proyectos de inversión que se han vistos retrasados o postergados es debido a que se ha judicializado la consulta indígena. Toda esta nueva normativa del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental y la ley de consulta lo que busca es darle mayor certeza jurídica a la manera que se realizan las consultas indígenas para evitar lo que ha ocurrido hasta ahora.
- ¿Y cuántos proyectos no se realizaron por estas restricciones?¿Cuál es el impacto económico?
- Lo que sí esta claro es que hay proyectos que se han postergado y lo que está claro es que todas las empresas en general, están encargando estudios jurídicos del impacto que significa el convenio 169. Las empresas van a tener que aprender a trabajar con este nuevo esquema y a incorporar la consulta indígena en los casos que corresponda en el esquema de evaluación de los proyectos.
- ¿Qué dicen los sectores productivos al respecto? ¿Se han reunido?
- Hemos tenido reuniones en La Moneda con los ministros Cristián Larroulet, Andrés Chadwick y yo; y con la Sofofa, la CPC y la Sociedad Nacional de Minería.
- ¿Antes de enviar el proyecto, se reunirán nuevamente para explicar los alcances del convenio 169?
- Por supuesto que sí, esperamos que durante el mes de abril, cuando estemos llegando al mayor consenso posible socializaremos con todos los actores relevantes estos mecanismos de consulta.
Presupuesto permanente
- En el proyecto de la Ley Araucanía se menciona un fondo que permitiría garantizar los recursos ¿De cuánto es ese fondo? ¿En qué partida ministerial estaría incluída?
- Hoy hay un Plan Araucanía y obviamente ha habido recursos especiales para la región, de hecho el Fondo Nacional de Desarrollo Regional (FNDR) destinado a La Araucanía del séptimo lugar a nivel nacional pasó a ser el tercero. Hoy hay recursos especiales para la región de La Araucanía, lo que se ha querido hacer -y ese fue uno de los acuerdos con los parlamentarios de la región- es este Plan Araucanía que hoy tiene un financiamiento año a año en que concurren recursos de diferentes ministerios, tenga un presupuesto permanente que no dependa de una aprobación de año a año sino que esté contemplado a través de una ley y que le de estabilidad en el tiempo.
- Pero¿de cuánto es este fondo?
- El dinero es parte del debate y las discusiones. Eso requiere mucho más estudio, lo que si es cierto es que esta ley por lo menos requerirá una vigencia de 10 años que es el período que se estima necesario para eliminar el rezago que hoy tiene la región de La Araucanía. Ahí se establecerán los mecanismos de financiamiento.
- Hay quienes han criticado el accionar de la Conadi en la crisis...
- La Corporación Nacional de Desarrolo Indígena, Conadi, como institucionalidad se ha quedado chica, corta y restringida para todo lo que hoy tiene que hacer. Probablemente, cuando se estableció no se dimensionó todo lo que iba a pasar después con todo el proceso de compra de tierras, el convenio 169, la ley Lafquenche,etc.
- ¿Será reemplazada?
- Es un tema que hay que pensar. El programa del presidente Piñera contemplaba una Agencia de Desarrollo Indígena que reemplazara la Conadi, y esto requiere consulta a los pueblos originarios, es una institución que los afecta a ellos, cualquier cambio a la institucionalidad requiere primero la aprobación del mecanismo de consulta.
"La ficha de protección social no funciona bien"
- El gobierno ha anunciado cambios a la Ficha de Protección Social...
- Este es un tema súper importante y todo indica y hemos llegado a la convicción que la actual Ficha de Protección Social (FPS) no funciona bien, permite manipulaciones, lo que algunos han llamado los "falsos pobres" y al mismo tiempo, no mide bien la verdadera vulnerabilidad social de una familia. Por eso, estamos en pleno proceso de cambios de la ficha. La actual es la puerta abierta de US$ 4.600 millones en subsidios al año y todas las personas que quieren optar a un subsidio tienen que tener Ficha de Protección Social.
- ¿Cuáles son sus principales cambios?
- Los cambios principales son que de ahora en adelante, el Estado va a cruzar toda la información con 23 distintas bases de datos, por tanto, no se va a poder mentir; se establecen diferencias regionales de costo de la vida. Por ejemplo, ganar $ 300 mil en Santiago no va a ser lo mismo que ganar $ 300 mil en Coyhaique. Se va a hacer cargo de eso. Además, incluye no solamente los ingresos, sino que también los gastos son muy relevantes. Hasta ahora la ficha preguntaba cuánto gana pero no preguntaba cuánto es su gasto.
- ¿Cuándo estará lista la nueva ficha?
- Ya llevamos un millón de nuevas fichas y la meta es tratar de llegar a dos millones antes de 60 días a partir de ahora. Se supone que vamos a llegar al 1 de mayo con dos millones de fichas ¡Eso es un anuncio! y luego comenzar, paulatinamente, su entrada en vigencia.
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