Contar con dos permisos ambientales no sería garantía suficiente para que las canadienses Goldcorp y New Gold vean agotada la veta judicial del proyecto El Morro.
Esto porque tras la aprobación de esta inversión de
US$ 4.000 millones, algunas de las comunidades aledañas evalúan nuevas acciones para impugnar la segunda Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de la iniciativa.
El abogado Lorenzo Soto, que representa a 14 comunidades diaguitas agrupadas en asociaciones de alcance regional, provincial y comunal, explicó que por el momento están analizando los antecedentes para definir las acciones que emprenderán para impugnar la autorización.
El alcance de la consulta indígena, que el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) dio por realizada cumpliendo con lo ordenado por la Corte Suprema en 2012, cuando retrotrajo el proyecto ya aprobado a la fase de evaluación, es uno de los argumentos que estos grupos pondrían sobre la mesa. Esto, considerando que la autoridad incluyó en este proceso sólo a la Comunidad Agrícola Diaguita de Los Huascoaltinos (CADH) y no a otros grupos.
“Dictada la Resolución, con fecha 18 de marzo por carta N° 249 se envía resolución de la consulta indígena y se explica los términos en los cuales fueron entregadas sus observaciones al texto definitivo, y los motivos fundados relacionados a la solicitud planteada en orden a restringir el ámbito de aplicación de la Consulta Indígena solo a la Comunidad Agrícola Diaguita de los Huascoaltinos”, se declara en la RCA.
Este documento también da cuenta de que todo el proceso que llevó adelante el SEA fue en comunicación exclusiva con la CADH, lo que, dicen conocedores de estos temas, contravendría la orden de la Suprema de incluir a otras comunidades susceptibles de ser afectadas, con lo cual se estima que la consulta no existió y, por ende, la RCA no tendría validez.
Al respecto, en la RCA se explica que tras dar “publicidad suficiente” a la consulta indígena “el titular (del proyecto) no identificó impactos significativos respecto de otras comunidades o grupos indígenas, y no hubo presentación alguna de otras agrupaciones indígenas respecto de requerir fundadamente, participar en un proceso de Consulta Indígena”.
Otro flanco que podría ser utilizado es el tranque de relaves del proyecto, pues a lo largo de todo el proceso de evaluación se ha rechazado su ubicación, cercana a una de las comunidades, y se ha solicitado su relocalización en el diseño del proyecto.
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