En el marco de la cena anual de la minería, el presidente del Consejo Minero, cifró en US$ 44.700 millones la cartera de proyectos en evaluación a noviembre.
Por otra parte, aseguró que existen otros por US$ 22.500 millones en estado de ejecución y cuya entrada en operación se esperan para el período 2013-2018.
El menor costo del cobre, sumado a un mayor valor en la producción del mineral, hicieron proyectar un menor nivel de ejecución de proyectos para el futuro.
"Este nuevo escenario, menos auspicioso que el de hace dos años, sumado a las dificultades o desafíos que la industria enfrenta en el país, ha hecho que la cartera de proyectos de las empresas que forman parte del Consejo Minero haya disminuido considerablemente", aseguró el dirigente.
Propuestas que aprobleman al sector
Según Villarino, hay propuestas que complican al sector derogación del Estatuto de Inversión Extranjera; de perfeccionamiento del sistema de concesiones mineras, y de modificación del esquema de propiedad sobre los recursos naturales.
"Lo que legítimamente proponemos (...) es que tenga lugar un debate para analizar el sentido y finalidad de las modificaciones, en el que el sector minero participe. Este requiere, para la decisión de sus inversiones caracterizadas por altos montos y largos plazos, de reglas claras y estables, sean las actuales u otras", analizó.
Energía encabeza aspectos a mejorar
Como ya es habitual en el discurso del sector minero, entre las mayores dificultades que la actividad avisora en el país, según Villarino está el tema energético.
"El precio de la electricidad en Chile es uno de los mayores entre los países mineros, doblando el de nuestros directos competidores como Perú", aseguró.
Dentro de la misma problemática, el dirigente sostuvo que "en los programas gubernamentales vemos interés por avanzar en la solución de este problema, pero siguen siendo titulares de un capítulo que está por escribirse, y eso, lamentablemente, tomará su tiempo. Habrá que sacrificar capital político, adoptar decisiones audaces y, especialmente, asumir un rol articulador más decidido en las relaciones con las comunidades.
Por último aseguró que existe una tramitación de permisos, lo que a su vez conlleva a una creciente judicialización que afecta el desarrollo de proyectos.
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