El “Seminario de Libre Competencia 2013”, organizado por la Fiscalía Nacional Económica (FNE) que se realizará el próximo 5 de noviembre, tendrá varias novedades. Será la última cuenta pública de Felipe Irarrázabal, Fiscal Nacional Económico, cuyo periodo finaliza en agosto del próximo año.
Ese día, en su discurso, Irarrázabal
no sólo hará un repaso de
su gestión, también, y siguiendo la tradición de otras
agencias de libre competencia a nivel global, explicitará cuáles son los mercados prioritarios que la FNE está observando con más detenimiento. “Creemos que es bueno ir diciendo cuáles son los mercados que desde el punto de vista de la FNE se van a mirar con más detalle hacia el futuro”, señala Irarrázabal. También, ese día, el fiscal dará a conocer la opinión de la FNE respecto a las reformas necesarias en materia de libre competencia.
Interlocking
Por otro lado, el organismo fiscalizador lanzará el estudio sobre Interlocking y participaciones minoritarias y se dará a conocer el borrador de la guía de restricciones verticales.
Sobre el estudio de interlocking y participaciones minoritarias, que tiene que ver con la participación de una persona en directorios de empresas competidoras, Irarrázabal aclara el rol de la FNE en esta área. “Esto no se trata de uso de información confidencial para fines ilegítimos, esa no es nuestra área, es de la Superintendencia de Valores y Seguros”, dice y agrega que “lo nuestro es ver hasta qué punto por temas de vínculos personales o de vínculos patrimoniales, dos empresas podrían no estar actuando con la tensión competitiva que se necesita y esto es porque existe cierta vinculación”, explica.
El fiscal señala que con este estudio “queremos precisar los riesgos que pueden surgir cuando dos empresas competidoras tienen cierta vinculación (...) Lo que queremos advertir, como lo hicimos con la guía de asociaciones gremiales, es que cuando se juntan competidores hay un riesgo y ellos tienen que reconocer ese riesgo. Ese es el espíritu”.
Por otro lado, sobre la guía de restricciones verticales, Irarrázabal explica que aborda situaciones donde “puede no haber relaciones de propiedad, sino más bien contractuales y algunos de los actores -que puede ser un proveedor o un retailer- tiene, efectivamente, una cierta posición dominante y eso puede afectar el comportamiento competitivo de los operadores o los sujetos económicos que rodean a este actor”.
Agrega que la guía no es una regla estricta de lo que se puede o no se puede. “Creemos que no estamos en condiciones
de hacer eso y tampoco creemos que sería bueno hacerlo, porque depende de cada
caso en particular”, señala. Según el fiscal, estas restricciones verticales pueden
tener una justificación de eficiencia y pueden ser razonables, pero “cuando se hagan, tiene que haber conciencia de cuáles son los riesgos que puede traer en materia de libre competencia”, sostiene.
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