El 56% de las 81 infracciones que la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) cursó al 30 de septiembre pasado tienen carácter grave, mientras que el 42% de éstas (34) fue leve y sólo una, vinculada al proyecto Pascua-Lama, fue catalogada como gravísima.
Esta es una de las conclusiones del informe de gestión del organismo, correspondiente al tercer trimestre de este año, donde se indica que en el período señalado la SMA realizó 346 fiscalizaciones, de las cuales, hasta ahora 48 derivaron en formulaciones de cargos. Sin embargo, esta cifra seguirá creciendo pues el 83% de los 91 informes finalizados hasta el momento ha sido remitido al departamento de sanciones de la entidad y éste aún no se ha pronunciado sobre todos ellos.
Entre enero y septiembre la SMA aplicó ocho multas económicas, por US$ 15,4 millones o 16.351 UTA, aunque una sóla acaparó el 98%, mientras que en el tercer trimestre se concentró el 54% de las formulaciones de cargos, de las cuales el 50% tuvo su origen en procedimientos de fiscalización programada por el organismo, mientras que el 42% correspondió a denuncias y sólo un 8% se originó por autodenuncias de los titulares de permisos ambientales o Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). A ellas se suma un caso de clausura temporal, que está en consulta con el Tribunal Ambiental, y una clausura definitiva.
La explotación de minas y canteras es la actividad económica con mayor representación entre los sancionados con nueve casos (19%). Le sigue la industria manufacturera no metálica, con ocho procesos (17%), mientras que en tercera posición se ubicó el suministro de electricidad, gas y agua, con seis casos (13%).
Informes de monitoreo
Uno de los descubrimientos de este informe es que se determinó que la SMA recibe nada menos que unos 6.500 informes de monitoreo ambiental, en su mayoría de aire y agua.
“Nos ha sorprendido la cantidad de reportes de seguimiento ambiental que hemos tenido en nueve meses. Esto implica una alta carga de trabajo, pero también hay que analizar la calidad de la información que se requiere a las empresas y qué es lo que realmente mide”, explicó el superintendente de Medio Ambiente, Juan Carlos Monckeberg.
Al parecer este volumen nunca fue previsto por la superintendecia al momento de establecer la obligación de reportar estas mediciones, en un fenóneno que podría empeorar, considerando que este número está asociado sólo a 1.066 RCA, en condiciones que en el sistema existen más de 13 mil de estos permisos.
“La superintendencia está acreditando a los laboratorios que realizan este tipo de seguimientos, a través de la definición de estándares y protocolos que permitan asegurar que la información reportada y que la SMA recibe de parte de los titulares sea correcta”, añadió.
Respecto de la elusión del trámite ambiental, la SMA emitió once informes de fiscalización derivados de denuncias y en el 55% de los casos, el Servicio de Evaluación Ambiental requirió el ingreso al sistema. Se trata de proyectos de minería, saneamiento ambiental, inmobiliaria y a diversas instalaciones fabriles.
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