Un duro discurso realizó el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino, en el marco de la Cena Anual de la gran minería, a la que asistió el presidente Sebastián Piñera.
El líder gremial hizo referencia a las propuestas de la candidata presidencial de la Nueva Mayoría, Michelle Bachelet, sobre una eventual derogación del Estatuto de Inversión Extranjera (DL 600), el perfeccionamiento del sistema de concesiones mineras y la modificación del esquema de propiedad sobre los recursos. "Lo que legítimamente proponemos atendido que el actual conjunto de normas que regulan a la actividad minera aparentemente ha demostrado ser exitoso para el país, es que tenga lugar un debate para analizar el sentido y finalidad de las modificaciones, en el que el sector minero participe.
Este requiere, para la decisión de sus inversiones caracterizadas por altos montos y largos plazos, de reglas claras y estables, sean las actuales u otras", enfatizó.
Asimismo, Villarino agregó que los ajustes o cambios que necesita el país y el sector minero en particular, "no deberían desconocer prácticamente un cuarto de siglo de estabilidad y crecimiento sostenido de la minería, lo que ha permitido encaminarnos al desarrollo".
Judicialización
En relación a la creciente judicialización de proyectos, el presidente ejecutivo del Consejo Minero explicó que la actual conflictividad se potencia con la "instrumentalización que algunos actores hacen de legítimas inquietudes de las comunidades, anteponiendo sus propios intereses a los intereses de quienes dicen defender. A lo anterior se suma, en algunos casos, un cierto activismo judicial riesgoso para el desarrollo del país y la estabilidad institucional, que además empaña el trabajo serio que habitualmente realiza el Poder Judicial".
Frente al tema, Piñera también se refirió a la necesidad de que las empresas mejoren la calidad de sus estudios de impacto ambiental, ya que muchos de ellos no están a la altura del sistema y de las empresas que los presentan. "Al parecer no se toman en serio el tema y les falta más cercanía con las comunidades. Avanzar en esto permitiría superar, en parte, estos problemas que afectan a los proyectos", señaló.
Asimismo, el mandatario destacó el reciente envío de un proyecto de ley misceláneo que permitirá destrabar una serie de trámites que afectan al sector.
Desafíos
En su intervención de anoche, Villarino detalló los desafíos del sector, que aunque no son muy distintos a los que enfrentaba hace un par de años, hoy cuenta con un escenario más incierto, debido al anunciado fin del "superciclo" de los commodities, que se expresa básicamente en una caída de los precios. Por otro lado, se refirió a la problemática del aumento de costos. Así, destacó que este escenario ha hecho que la cartera de proyectos de las empresas que forman parte del Consejo Minero haya disminuido considerablemente. "A noviembre, los proyectos en estado de ejecución y cuya entrada en operación se esperan para el período 2013-2018, ascienden a un monto de US$ 22.500 millones", cifra que disminuyó desde US$ 30.000 millones, que se habían catastrado hace algunos meses.
Asimismo el dirigente, junto con exponer la problemática que hoy aqueja al sector en materia energética, propuso potenciar una mayor competencia a través de la entrada de nuevos actores en generación, avanzar en la planificación territorial para la instalación de centrales y líneas de transmisión, así como el fomento al uso de Gas Natural Licuado (GNL), aprovechando las capacidades ociosas de los terminales de regasificación y de las centrales generadoras existentes.
Otro punto que planteó Villarino fue la necesidad de impulsar medidas tendientes a agilizar la obtención de permisos y la fiscalización de las empresas, así como también contar con un nuevo mecanismo de participación adelantada, de modo de lograr conocimientos y lenguajes comunes entre las comunidades y las empresas, así como disponer de un sistema de seguimiento de compromisos y de compensación de impactos.
"Estimamos que se debieran profundizar y mejorar iniciativas que tiendan a destinar a las comunidades afectadas parte de los impuestos que ya pagan las empresas", aseguró.
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