Transcurridos casi nueve meses desde que estalló la colusión del papel tissue, la mesa de trabajo que conformaron CMPC, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac)y la Corporación Nacional de Consumidores (Conadecus) entró en la recta final.
Esto, porque durante agosto se definiría el monto de la compensación que recibirá cada consumidor afectado por esta práctica.
Conocedores del trabajo de la instancia explicaron que en ese mes se debe presentar el informe económico solicitado a los profesores de Economía de la Universidad de Chile, Aldo González y José Luis Lima, profesionales que fueron contratados por el Sernac hasta septiembre.
Otra fuente añade que si bien la primera reunión entre las partes fue en abril, los encuentros han sido frecuentes. “Las partes involucradas (CMPC, Sernac y Conadecus) se están reuniendo todos los jueves para ver las alternativas para la gente”, dijo.
Entre otras decisiones que adoptará la mesa figuran, por ejemplo, los canales de pago y el universo de personas afectadas.
El equipo de abogados de CMPC está liderado por Cristóbal Eyzaguirre, de Claro & Cia., mientras que Conadecus es asesorada por Mario Bravo.
Algunas personas conocedoras del proceso, agregaron que “los estudios que deben realizar los economistas son complejos”, porque se debe determinar el universo de personas que serán compensadas, la forma en que esto se hará, es decir, si será a través de un monto en efectivo o vía electrónica, y el monto de los perjuicios.
Hace un tiempo la organización de consumidores Odecu señaló que este monto debería estar en el rango entre $ 20 mil y $ 25 mil por persona, mientras que Conadecus calculó en hasta US$ 510 millones los perjuicios. Sin embargo, es probable que la cifra final esté muy por debajo de ellas.
Cabe recordar que en octubre pasado, tras siete meses de investigación, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión en el mercado de papeles tissue contra CMPC Tissue y SCA.
En tanto, la reforma al Decreto Ley 211, que incluye penas de cárcel en casos de colusión, está en control de constitucionalidad previo a su promulgación. La normativa, también faculta a la FNE para tomar la acción penal en casos que afecten gravemente la libre competencia en los mercados.
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