Antofagasta Minerals (AMSA) y Barrick Gold finalmente se dieron por vencidas en sus intentos por sacar adelante el proyecto de oro y cobre Reko Diq, ubicado al noroeste del distrito de Chagai, en la región paquistaní de Baluchistán, cuyas autoridades impusieron un férreo rechazo, que se materializó a través de acciones ante diversas instancias administrativas y legales.
Tethyan Copper Company (TCC), el joint venture que la chilena y la canadiense conformaron en 2006 para desarrollar esta millonaria inversión que, sólo en instalaciones extractivas y de tratamiento minero, consideraba un desembolso en torno a los
US$ 3.300 millones, anunció ayer que cambiará el propósito de los arbitrajes internacionales que inició a fines de 2011 ante el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi) del Banco Mundial y la Cámara de Comercio Internacional (CCI).
A la compañía ya no le interesa obtener las licencias de explotación que viabilizaban la construcción de Reko Diq, sino que ahora perseguirán obtener de parte del Estado de Pakistán compensaciones monetarias por los daños y perjuicios derivados de la imposibilidad de obtener los permisos y, por lo tanto, de materializar la iniciativa.
“TCC invirtió gran cantidad de tiempo, esfuerzo y capital en el área de Chagai (...) mientras que hemos esperado durante mucho tiempo por Reko Diq, como es el derecho de TCC, la conducta de Pakistán y Baluchistán, ha hecho ese objetivo impracticable”, declaró Tim Livesey, CEO de la firma.
El ejecutivo añadió que las autoridades de estos dos niveles del gobierno no respondieron a los números intentos de negociación de la firma y “nos han impedido participar del desarrollo de un nuevo sector de la minería en esa provincia y se le ha negado a Tethyan y al pueblo de Baluchistán y de Pakistán el acceso a los enormes beneficios que nuestro proyecto habría traído”.
Compensaciones
El plan del brazo minero del grupo Luksic y de la aurífera norteamericana no es sólo recuperar los US$ 220 millones que, de acuerdo a TCC, fueron invertidos en la zona desde 2006, ni tampoco los
US$ 500 millones en los que el proyecto estaría avaluado, considerando toda la ingeniería que la empresa desarrolló a lo largo de diez años y que derivó en un estudio de factibilidad, finalizado en 2010. AMSA y Barrick perseguirán además que Pakistán los indemnice por lo que dejaron de ganar en el proyecto.
“En los arbitrajes internacionales llevaremos a cabo nuestras reclamaciones por daños y perjuicios, incluido el lucro cesante de las operaciones mineras”, explicó Livesey.
A principios de 2012, en una entrevista a una revista especializada, el ex vicepresidente ejecutivo de AMSA, Marcelo Awad, se refirió a la posibilidad de que finalmente las compañías tuvieran que abandonar el proyecto y mencionó que en ese caso la indemnización podría rondar los US$ 25.000 millones.
AMSA y Barrick no comentaron directamente sobre la decisión de TCC, aunque en la primera firma recordaron que en 2012 hicieron una provisión por US$ 140 millones, como castigo en sus activos por las bajas expectativas de éxito que tenía Reko Diq. Agregaron que aún no hay fecha para la nueva presentación ante el CIADI y la CCI.
Socio hostil
El gobierno de Baluchistán tiene el 25% de la propiedad del proyecto Reko Diq, derecho que se activa una vez que comience la producción.
Este fue, precisamente, uno de los focos de conflicto con TCC, pues las autoridades presionaban por incrementar este porcentaje e incluso negociaron la entrega del proyecto a otras empresas, varias de ellas de capitales chinos. Además, tuvieron serios inconvenientes para acordar la estructura tributaria de la futura operación.
Así quedó de manifiesto en el expediente del arbitraje ante el Ciadi, donde incluso figura que en marzo de 2011, TCC le ofreció al gobierno comprar su parte en Reko Diq, para así continuar sola en la iniciativa. “Baluchistán ha negado la concesión minera y se mueve para desarrollarla por sí mismo o transferirlo a terceros”, declaró TCC ante el tribunal.
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