Presentar un proyecto nuevo, es uno de los elementos que el abogado del estudio Sargent & Krahn, Rodrigo Lavados, destaca del ante proyecto de Ley de protección de las personas del tratamiento de datos personales, puesto en consulta a la ciudadanía por el Ministerio de Economía a fines de julio y que finaliza este viernes.
Esto rompe con anteriores iniciativas que optaron por presentar proyectos que modificaban la Ley 19.628, sin refundar la legislación.
Lavados considera que esta acción impactará a todos los sectores por igual, ya que el tratamiento de datos personales es transversal.
Lo más polémico
El abogado agrega que el tema más polémico es la creación del registro central de bases de datos, “cualquier persona, salvo para su uso doméstico, va a tener que reportar la creación de las mismas”.
El problema que ve Lavados es que como la ley trata de información relativa a personas identificables, es una “iniciativa que es muy omnicomprensiva en cuanto a su alcance”, ya que los individuos, las empresas privadas y públicas, tienen información de estas características.
Por ello, “esta ley está llena de efectos imprevistos o no deseados (...) Y el ante proyecto no se hace cargo adecuadamente de todos los efectos y el alcance omnicomprensivo que tiene el fenómeno del tratamiento de datos. Parece inconveniente que, en cuanto se creen bases de datos, todos los días, de manera frecuente, en todo orden de actividades, esa actividad deba ser visada por una autoridad central que tenga el control de esta creación de información”, dice.
Lavados también destaca la conformación de una agencia de control de datos, con el objeto de bajar la barrera de entrada para reclamar por violación de datos.
El nuevo proyecto “hará más dinámico los procedimientos de reclamo de titulares que sientan que han violado sus derechos”, dice Lavados.
Avances
El ante proyecto de ley presentado por Economía también tiene otros puntos positivos, como la apertura “de manera considerable” del tipo de datos que pueden emplearse para evaluaciones de riesgo comercial y procesos de crédito.
Lavados explica que la Ley Dicom, restringió de manera dramática la cantidad de información que podía usarse para construir el “score” de crédito.
“En esta ley se permite utilizar, para construir estos predictores o hacer tratamiento de carácter comercial, información que haya proporcionado directamente el titular y cualquier información que provenga de fuentes públicas”, dice.
Además, señala que “haya menos asimetría de información entre el deudor y
el oferente de crédito puede también ser positivo para
el deudor, que podría acceder a una tasa más barata, toda
vez que el riesgo es un factor que se incluye en el costo de la tasa. Parece que hay un cambio de mirada en el ejecutivo en este punto, lo que me parece bien interesante”, dice Lavados.
¿Que debería cambiar?
El experto considera -también- que se debería precisar qué es la comunicación o cesión de datos. Aclarar el alcance del registro centralizado de datos, que podría ser un problema para el flujo de información.
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