Un par de días antes del fin del plazo y tras varias reuniones que se sucedieron desde que el jueves pasado se conoció la resolución de la Corte de Apelaciones de Santiago, ayer el gobierno anunció que apelará este fallo, que anuló la autorización que el Comité de Ministros entregó en diciembre pasado al proyecto termoeléctrico Punta Alcalde (740 MW), que Endesa Chile proyecta instalar en Atacama.
El subsecretario de Medioambiente, Ricardo Irarrázabal, que en este caso en particular hace las veces de presidente del Comité de Ministros, explicó que el gobierno no estuvo dispuesto a acatar la orden del tribunal de repetir la sesión del comité, considerando en ella sólo los argumentos vertidos en la evaluación ambiental, que derivó en el rechazo de la iniciativa, excluyendo las dos medidas adicionales que la empresa presentó en su reclamación ante la instancia ministerial.
“A diferencia de la opinión de la Corte de Apelaciones, el Comité de Ministros evaluó que no actuó en forma ilegal ni arbitraria y por eso le solicitamos a la Corte Suprema que revise este fallo, justamente porque estamos muy claros que hay una norma expresa en la ley 19.300, específicamente en el artículo 20, que establece que sí puede imponer exigencias o condiciones a los proyectos dentro de la evaluación ambiental y en el marco de una reclamación”, precisó Irarrázabal.
La estimación del gobierno es que el proceso ante el máximo tribunal podría tomar entre tres y cuatro meses, aunque otros juristas consultados calculan que este plazo podría estar más cercano a los seis meses.
Ayer en Endesa Chile seguían analizando la posibilidad de hacerse parte en el proceso, como antes lo hicieron ante la Corte de Apelaciones.
Un impacto inmediato de este nuevo proceso legal es que Endesa Chile diferiría la aprobación final de la inversión de este proyecto, que estaba prevista para los próximos meses, hasta cuando haya una resolución de la Justicia.
Claro que este no es el único proceso que la eléctrica tiene pendiente y que le impide dar el vamos a la construcción de este complejo. Entre ellos figura la tramitación ambiental de la línea de transmisión que conecta la central al sistema eléctrico.
Línea argumental
Irarrázabal detalló los elementos que formarán la línea argumental del Comité de Ministros en este nuevo recurso.
Precisó que el comité no actuó en forma arbitraria porque se basó en una serie de antecedentes que provenían tanto de la evaluación ambiental del proyecto, como de la reclamación y de los antecedentes que se adjuntaron al proceso ante la Corte de Apelaciones y los informes que la instancia le solicitó en el marco de la reclamación, donde Endesa ofreció reducir en un 10% las emisiones de Punta Alcalde respecto de lo fijado en la norma de termoeléctricas y además instalar equipos adicionales de abatimiento en la chimenea de CAP.
“Con estas medidas se descartaba cualquier tipo de impacto significativo en la calidad del aire. Esto hace la diferencia entre generar una medida de mitigación o compensación propiamente tal, porque con ellas se hacía un aporte adicional que mejoraba la condición de latencia del Huasco”, puntualizó el subsecretario.
Subsecretario de Medioambiente: "El Comité de Ministros requiere espacio para actuar"
-¿Por qué no optaron por devolver el proyecto a la evaluación ambiental para incorporar las medidas adicionales?
-Hay un tema de institucionalidad de por medio y de discusión de cuáles son las competencias del Comité de Ministros y es una discusión que vas más allá de la situación puntual de Punta Alcalde, porque no sólo tiene que ver con el rechazo de un proyecto y luego un Comité de Ministros que lo aprueba y le impone condiciones, sino que tiene que ver con cómo este comité actuará de aquí en adelante, pues de lo contrario no podría plantear nada respecto de un proyecto que pudiera requerir medidas adicionales.
-¿Esta apelación tiene alcances para la labor futura del Tribunal Ambiental?
-Más allá del proyecto en particular lo que se definirá en la Corte Suprema es muy relevante para lo que podrá hacer el Comité de Ministros y más aún el Tribunal Ambiental que tiene como misión pronunciarse respecto de lo que resuelva el Comité de Ministros y es por eso que desde un punto de vista institucional y teniendo también muy presente que estimamos que en este caso no hay una afectación a la garantía constitucional de vivir en un ambiente libre de contaminación, es que optamos por apelar.
-¿La decisión de apelar busca defender la institucionalidad ambiental?
-Acá hay una discusión en torno a las competencias del Comité de Ministros y queremos establecer que el rayado de cancha sobre esas atribuciones está en la ley y en la reclamación, donde es posible imponer condiciones o exigencias a los proyectos. El comité requiere este espacio para actuar respecto de las reclamaciones de las empresas o de la ciudadanía, porque si al comité no se le deja espacio para actuar lo que llegue al tribunal será muy reducido.
VER MÁS
MARKET DATA
<%userdata?.email%>
Editar perfil
Credencial
Salir
(Twitter)
Instagram
Facebook
LinkedIn
YouTube
TikTok
Alto contraste
medioambiente
