El representante de la inmobiliaria Universa, Jaime Araya Ugarte, presentó un recurso de reclamación en contra de la Comisión de Evaluación Ambiental, que a mediados de diciembre pasado resolvió rechazar la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto “Hijuelas-Quilín” en la comuna de Peñalolén. “Cumple con la normativa de carácter ambiental aplicable”, sostuvo.
La iniciativa –que se emplazaría en Consistorial con Quilín, en Peñalolén, en un terreno de casi 158 mil metros cuadrados que es parte del exfundo Quebrada de Macul- contempla un centro comercial vecinal y 15 edificios para viviendas, de entre 11 y 15 pisos, que albergarían 2.368 departamentos. Todo con una inversión superior a los US$ 150 millones.
El dueño del paño es Jorge Peña Vial, decano de Filosofía de la Universidad de Los Andes, junto a su hermano Ricardo, abogado del estudio Larraín y Asociados. Ellos tienen un acuerdo de venta, que aún no se concreta con los Araya Ugarte.
La Comisión de Evaluación Ambiental consideró que la iniciativa sí presentaría alteraciones en los sistemas de vida de los grupos humanos residentes en la zona, desde la perspectiva del impacto ambiental sobre el territorio.
“No existe antecedente alguno que haga presumir que el flujo vehicular aportado por el proyecto generará congestión o aumento significativo en los tiempos de desplazamiento”, sostuvo Araya en el recurso de reclamación, en el que solicitó al director ejecutivo del Servicio de Evaluación Ambiental dictar una nueva Resolución de Calificación Ambiental (RCA), esta vez favorable.
“Las obras de urbanización del proyecto inciden positivamente y de manera sustancial en el tránsito vehicular de la Av. Quilín, mejorando los tiempos de viaje del flujo vehicular en el horario de mayor demanda, en hasta un 95,6%”, sostuvo Araya. Y añadió: “Los impactos negativos en el tráfico vehicular de la Av. Consistorial son marginales, cuestión que queda clara al constatar que el tiempo en las demoras aumenta en 0,2 segundos. Por tal motivo, no es posible considerarlos como una afectación significativa en los sistemas de vida o costumbres de grupos humanos”.
Vecinos y la propia alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao, han cuestionado el proyecto.
Entre el 4 y el 15 de febrero del año pasado, más de mil personas naturales presentaron solicitudes para que la empresa realizara un proceso de participación ciudadana; la solicitud fue rechazada. Además, como parte del proceso de evaluación ambiental de la obra, la alcaldesa Leitao pidió que el proyecto sea reingresado al sistema como un Estudio de Impacto Ambiental (EIA), lo que es mucho más exigente.
No obstante, el titular del proyecto señaló en su reclamación: “Al haberse subsanado oportunamente los supuestos errores, omisiones o inexactitudes de que adolecía la DIA, y al encontrarse erradamente fundamentada la falta de claridad en la información, procede que el director ejecutivo del SEA califique favorablemente el proyecto, por cuanto no requiere de un EIA”.
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