La disputa entre Cencosud y el gobierno argentino por la propiedad de un terreno de más de 20 hectáreas en la zona de San Isidro, en Buenos Aires, se trasladó a la arena política. Más bien, es lo que quiere evitar la compañía liderado por Horst Paulmann.
El grupo denunció luchas políticas en medio de la disputa por la propiedad del codiciado terreno, en el cual Cencosud busca levantar un proyecto ícono, que incluye un centro comercial, tres torres de 14 pisos y seis condominios habitacionales de cuatro pisos cada uno. Todo con una inversión superior a los US$ 600 millones.
El mentado terreno fue adquirido por Cencosud tras una licitación del gobierno trasandino en 1996: pagó US$ 22 millones, más US$ 4 millones para sanear la zona pues allí operó una firma estatal dedicada a la gestión de aguas servidas. No obstante, en octubre de 2016 la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) de Argentina -organismo símil al Ministerio de Bienes Nacionales- presentó una demanda en contra del grupo chileno con el objetivo de que el terreno vuelva a manos del Estado. Según el organismo argentino, Cencosud habría incumplido una "condición esencial" del contrato, respecto de los plazos en que el inmueble debía ser dedicado a un proyecto urbanístico.
Según la demanda, la revocación no requeriría un acto jurídico o administrativo que así lo declare, correspondiendo la escrituración y reinscripción del inmueble a nombre del Estado Nacional de Argentina.
Durante el proceso judicial, la empresa liderada por Paulmann dijo que, desde 1999, se ha visto constantemente "privada por parte de la administración –provincial y municipal-, de avanzar con el proyecto pactado", por lo que anunció que, de tener un fallo desfavorable, el litigio podría terminar en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), lo que fue rechazado por las autoridades argentinas.
Sin embargo, Cencosud sumó una nueva estrategia judicial. Ahora acusa una utilización política del litigio que se ventila ante la justicia argentina. "Concurrimos a denunciar el riesgo serio y concreto de que el presente proceso judicial devenga en una arena de debate de política agonal y/o urbanística y/o ambiental, completamente ajeno a los términos en los cuales ha quedado trabada la litis (disputa)", señalaron los abogados de Cencosud en un escrito presentado a la justicia argentina el pasado 13 de febrero.
"Ese riesgo se originaría en lo que aparenta ser un inusual desvío de poder pergeñado por las autoridades políticas del AABE, las cuales, a través de maniobras extraprocesales y asumiendo, incluso, una posición contraria a la desarrollada por su defensa jurídica, habrían pretendido utilizar el presente proceso judicial como mecanismo de promoción personal con fines ajenos a lo que se debate", añadió la empresa.
Pero no se quedó ahí. La defensa de Cencosud también apuntó a otros supuestos interesados en sacar provecho del juicio que enfrenta por el terreno de San Isidro. "Desde luego, entendemos que no solo las autoridades del AABE, sino también otros sectores políticos, pretenden utilizar el presente proceso judicial con fines propios de la política agonal", señaló la defensa de la compañía.
Agregó que en el juicio se debate "pura y exclusivamente" quién es el propietario del predio en cuestión. "El proceso no versa sobre el destino y la zonificación que corresponde al inmueble, así como tampoco sobre el interés ambiental y/o social que pueda existir contar con una plaza, un parque o la apertura de calles", aseveró la defensa de la empresa, la cual insistió: el proceso judicial no puede convertirse "en una arena de debate político, en la cual distintos actores se involucren para posicionarse con miras a disputas agonales propias del distrito de San Isidro". Con todo, la empresa solicitó a la justicia que todos los actos procesales del litigio se circunscriban "estrictamente" a los términos de la disputa: quién es el dueño del terreno.
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