La Corte Suprema deberá zanjar la disputa por la invalidación de una serie de permisos de edificación en Estación Central. Esto, luego que un grupo de inmobiliarias recurriera ante el máximo tribunal del país tras el fallo de la Corte de Apelaciones, que ratificó la decisión de la Contraloría, que dictaminó que 49 proyectos inmobiliarios en la mencionada comuna obtuvieron su permiso desde la Dirección de Obras Municipales (DOM) "en contravención a la normativa aplicable", por lo que ordenó invalidar los documentos aprobados con edificación continua, es decir, torres adyacentes que coinciden en fachada.
Para las inmobiliarias afectadas, la resolución del ente contralor es una "vulneración de garantías fundamentales" y una afectación al "derecho a desarrollar una actividad económica lícita". No obstante, en su fallo, la Corte de Apelaciones dijo que no hubo "privación, perturbación o amenaza" de las garantías constitucionales.
Tras esto, las empresas recurrieron a la Suprema para intentar revertir el fallo. "La sentencia apelada debe ser revocada, porque desatendió el evidente carácter ilegal y arbitrario del dictamen impugnado, que conculcó el legítimo ejercicio, por parte de los recurrentes y mis representadas, de sus derechos a desarrollar una actividad económica lícita; también vulneró su derecho de propiedad, el derecho a un debido proceso y el derecho de igualdad ante la ley", dijo Tatiana Arriagada, procurador común de las empresas Ingevec, Euro y Placilla, en su escrito presentado en la Suprema.
Por su parte, Mauricio Viñuela, procurador común de las inmobiliarias Fortaleza y Nogales, entre otras, sostuvo que el dictamen de la Contraloría es una "amenaza grave" para los permisos de edificación de las empresas, aún para aquellas cuyos proyectos sí están pudiendo avanzar. "Si existe un pronunciamiento obligatorio y vinculante de la Contraloría, que afirma que los permisos son irregulares e ilegales, es altamente probable que todos esos proyectos enfrenten graves problemas en el futuro, por ejemplo, al pedir la recepción de obras, comercializarlos, entre muchos otros. ¿Se imagina SS. Excma. a algún banco otorgando financiamiento hipotecario en base a una garantía que en cualquier momento puede ser derrumbada por la autoridad?", señaló.
Además, el abogado sostuvo que, a la fecha, existen terrenos baldíos sin utilizarse, obras paralizadas, contratos terminados, financiamientos suspendidos y castigados, y "multimillonarias inversiones" con riesgo de perderse definitivamente.
Sobre este último punto, la Asociación Nacional de Revisores Independientes, que también recurrió a la Suprema, señaló que el fallo del tribunal de alzada incurrió en "graves errores jurídicos", que, según dijo el gremio, "ponen en grave peligro la estabilidad del sistema legal y afecta la certeza jurídica".
Según la Asociación de Desarrolladores Inmobiliarios (ADI), el impacto del dictamen de Contraloría, solo considerando edificios ya iniciados, afecta a 28 proyectos que contemplan inversiones por más de US$ 600 millones, y que emplean en conjunto a más 15 mil trabajadores.
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