Es una batalla que lleva más de dos años. Por un lado, está Jorge Gálmez, dueño del Mallsport. En el otro extremo, vecinos que se oponen a la ampliación del centro comercial. La última palabra la tendrá la justicia, luego que, a principios de diciembre, los dueños de una propiedad contigua al shopping presentaran un recurso de protección ante la Corte de Apelaciones, acción con la cual buscan que se prohíba la ejecución de las obras.
La disputa se centra en la interpretación de la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones: los vecinos de la calle Fernández Concha reclaman que la zona hacia donde se extendería el mall está destinada solo para viviendas.
Según la memoria del anteproyecto, la ampliación proyectada "es la extensión de Mallsport, incorporando nuevos locales comerciales, estacionamientos, bodegas y un supermercado, proyectados en tres pisos subterráneos y dos pisos sobre nivel natural de terreno". Para concretar la expansión, Gálmez adquirió dos terrenos contiguos al centro comercial.
En julio de 2017, la inmobiliaria presentó un primer anteproyecto, el que recibió una serie de observaciones. Luego, y ante la negativa de la Dirección de Obras Municipales (DOM) de la Municipalidad de Las Condes a autorizar la construcción de la ampliación, la empresa recurrió a la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, la que, en un oficio del 21 de agosto de 2018, autorizó las obras.
En el intertanto, los representantes del mall retiraron el anteproyecto, y los vecinos directos (la sucesión hereditaria de Francisco Alberto Ossa León) presentaron un recurso de protección en contra del secretario ministerial Metropolitano de Vivienda y Urbanismo, Boris Golppi. "Producto de ser el nuestro, un lote inmediatamente contiguo a los terrenos adquiridos por el centro comercial Mallsport somos, sin dudarlo, los primeros y más gravemente afectados por la resolución del Seremi", señalaron los recurrentes en su acción presentada ante la justicia, la que luego fue desistida al enterarse de que el anteproyecto fuera retirado.
No obstante, los vecinos desplegaron un nuevo recurso de protección el pasado 4 de diciembre, por cuanto la inmobiliaria presentó un nuevo anteproyecto en enero de 2018, el cual también fue cuestionado por la DOM de Las Condes, ante lo cual la empresa volvió a recurrir a la Seremi, la que en la resolución exenta número 2218, del 5 de septiembre de 2019, visó las obras.
Con esto en vista, la DOM de Las Condes aprobó, el 13 de diciembre, el anteproyecto. "El presente anteproyecto se otorga conforme a lo instruido por la Secretaría Ministerial de Vivienda y Urbanismo, en su resolución exenta número 2218 del 5 de septiembre de 2019 (...) que permite extender el uso comercial que le otorga el frente del terreno a la calle de mayor ancho, en este caso la Av. Las Condes", dice la resolución firmada por la directora de obras del municipio, Rocío Crisosto.
Como parte del recurso de protección, la justicia le solicitó a la misma directora de obras un informe sobre el proceso. En su respuesta, Crisosto sumó un nuevo elemento a la discusión. "La resolución impugnada de la Seremi Minvu es contraria al dictamen 24.831, del 12 de septiembre de 2019, de la Contraloría (...). Este dictamen fue conocido por la DOM con posterioridad a la aprobación del anteproyecto en comento", sostuvo.
El propio municipio solicitó hacerse parte del proceso judicial. Dijo que su interés se justifica en la correcta aplicación de las disposiciones del Plan Regulador Comunal. "Este Instrumento de Planificación Territorial fue acordado con la participación de la comunidad mediante un procedimiento público y transparente, aprobado por la Seremi Minvu y publicado en el Diario Oficial, por lo que sus disposiciones deben presumirse válidas y vigentes para todo el territorio comunal", dijo el abogado del municipio, Rogelio Erazo Román, quien añadió: "Una interpretación no ajustada a derecho por parte de la Seremi Minvu, lesiona directamente las facultades municipales antes indicadas, particularmente, la planificación urbana de la comuna".
Mientras, la inmobiliaria solicitó el rechazo del recurso de protección.
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