Por 7 votos a favor y 4 en contra, los diputados de la comisión especial investigadora de las responsabilidades de la empresa sanitaria ESSAL en la crisis que dejó a la ciudad de Osorno sin agua potable por casi 10 días, aprobaron este lunes una serie de conclusiones entre las cuales figuran la solicitud del poner fin a la concesión, medida que se encuentra evaluando actualmente la Superintendencia del sector.
En el informe presidido por la diputada del PS, Emilia Nuyado, se planteó solicitar esta medida al Presidente de la República, quien es la autoridad facultada para determinar la caducación del contrato en la comuna afectada.
Sin embargo, la determinación aprobada por esa instancia generó una ola de críticas al interior de la comisión por parte de representantes del oficialismo. "Essal está en medio de un proceso judicial y de una venta de activos –luego de que Aguas Andinas pusiera en venta su participación en la empresa-, situaciones que la Cámara no tomó en consideración", señaló el diputado Javier Macaya (UDI), uno de los cuatro parlamentarios que votó en contra.
Según el legislador, este punto debería ser declarado inadmisible teniendo en consideración que "no le corresponde a un ente político pronunciarse sobre una cuestión que tiene carácter eminentemente técnico respecto a una concesión como ésta, sino que es la Superintendencia de Servicios Sanitarios (SISS) quien únicamente debe pronunciarse respecto a esta materia". Por tanto, indicó que la decisión de la comisión solo le da más presión a esta entidad para que falle a favor de la caducidad de la empresa cuestionada por la crisis de Osorno.
La anterior no fue la única conclusión que dividió a los parlamentarios. El acuerdo en cuanto a asignar responsabilidades políticas al intendente de la zona, Harry Jürgensen y al ministro de Obras Públicas, Alfredo Moreno, -junto a las respectivas autoridades de esta cartera-, también fue un punto que fue rechazado por el oficialismo.
Al justificar la medida, el diputado Fidel Espinoza (PS) aseveró que el Gobierno –en vez de regular la situación en su momento- "solo quiso responsabilizar a la empresa Essal de lo ocurrido minimizando su responsabilidad". En este sentido, junto con señalar que la SISS no realizó la fiscalización necesaria, enfatizó que el Ejecutivo "debió entregar todos sus esfuerzos para que los organismos fiscalizadores funcionaran bien e hicieran su trabajo, por lo que decir que no hubo ningún error del Gobierno es un error".
Por último, la comisión investigadora aprobó la realización de un estudio del actual sistema sanitario a nivel general de manera de evaluar alternativas como que las concesiones sanitarias sean administradas por las municipalidades.
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