La Fiscalía Nacional Económica (FNE) encendió las alertas sobre el marco regulatorio que rige las licitaciones del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) y los Servicios de Vivienda y Urbanización (Serviu). En un extenso informe presentado ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) en el marco del Expediente de Recomendación Normativa N°40-2026, el organismo identificó una serie de deficiencias que, a su juicio, restringen la participación de agentes económicos y elevan los costos de las obras públicas.
El documento, firmado por el Fiscal Nacional Económico, Jorge Grunberg, fue elaborado tras una investigación interna iniciada en marzo de 2026 y tiene como telón de fondo una solicitud presentada por cuatro empresas constructoras -Icafal Ingeniería y Construcción S.A., Sicomaq SpA, Constructora IS Limitada e Inversiones Morval Limitada- que pidieron al TDLC recomendar al Minvu la reforma de dos decretos clave: el Reglamento del Registro Nacional de Contratistas (RENAC) y el Reglamento de Contratos del Serviu. Esta solicitud fue adelantada por DF esta semana.
La traba de las empresas relacionadas
El primero de los nudos identificados por la FNE es el artículo 20 del Reglamento del Renac, que prohíbe la inscripción simultánea en un mismo registro o especialidad de empresas que compartan socios, directores, gerentes o representantes. La fiscalía estima que esta restricción "podría tener potenciales efectos en la entrada de nuevos actores y en la intensidad competitiva de las licitaciones".
En la práctica, la norma obliga a grupos empresariales a operar como una sola entidad, impidiendo la distribución del capital por especialidad, zona geográfica o gestión de riesgos, estrategias que el informe califica como "habituales y legítimas". El resultado, según la FNE, es una menor cantidad de oferentes en los procesos y, en consecuencia, peores precios para el erario público.
El organismo propone revisar esta limitación y evaluarla con herramientas menos restrictivas. La referencia inevitable es la reforma que el MOP aplicó a su propio reglamento en 2023 y 2024, tras una recomendación anterior del TDLC: en ese caso, en vez de prohibir la inscripción, se optó por limitar la participación conjunta en una misma licitación, aceptando solo la oferta más conveniente del grupo.
La FNE advierte, sin embargo, que la Ley de Compras Públicas —que desde diciembre de 2024 contempla una regla similar para el resto del Estado— no se aplica al Minvu ni a los Serviu, que fueron expresamente excluidos por contar con normativa sectorial propia.
El laberinto de la subcontratación
El segundo frente es el artículo 55 del Reglamento de Contratos, que regula la subcontratación. La FNE diagnostica aquí un doble problema: la ausencia de una definición precisa del concepto y su aplicación heterogénea en terreno, donde los inspectores técnicos de obra carecen de criterios uniformes.
Según el informe, la ambigüedad ha llevado a una interpretación excesivamente amplia, que podría incluir cualquier provisión de bienes o servicios bajo el paraguas de la subcontratación. Esto exige que los subcontratistas estén inscritos en el RENAC cuando el monto supera el 10% del contrato o las 8.000 UF, un requisito que, según las constructoras, excluye a proveedores especializados y encarece los proyectos.
La FNE recomienda avanzar hacia una mayor precisión regulatoria. Al mismo tiempo, identifica riesgos en algunas prácticas que ya existen en ciertas licitaciones: por ejemplo, la obligación de presentar en la oferta técnica el listado de posibles subcontratistas junto con la sanción de inadmisibilidad de ambas ofertas si alguno de ellos concurre de forma independiente al mismo proceso. Para el organismo, esta regla reduce la competencia y puede facilitar acuerdos colusorios.
La propuesta en este punto tiene tres componentes: prohibir la subcontratación entre empresas inscritas en un mismo registro y categoría; diferir la identificación de subcontratistas a la etapa posterior a la adjudicación —para reducir la interacción entre competidores—; y definir con claridad qué constituye subcontratación en este contexto específico.
Un vacío que cuesta: sin árbitros para los conflictos
El tercer elemento del informe es quizás el más estructural. La FNE constata que los contratos de obras del Minvu y los Serviu no cuentan con ningún mecanismo formal de resolución de conflictos durante la ejecución de las obras. Cuando surgen disputas —sobre plazos adicionales, traslados de redes eléctricas o procesos de expropiación— las partes se ven obligadas a recurrir a instancias administrativas como recursos de reposición y jerárquicos, a Contraloría o a los tribunales ordinarios, todos con tiempos incompatibles con el ritmo de un proyecto de construcción.
El diagnóstico no es nuevo. El propio TDLC lo había advertido en su Proposición Normativa N°20/2020, recomendando implementar instancias de resolución temprana. Sin embargo, el plan piloto que el MOP puso en marcha ese año —con paneles de expertos que acompañaban a las partes— fracasó: de cuatro contratos en que se implementó, solo uno llegó a constituir un panel técnico, y este tampoco funcionó porque sus decisiones no eran vinculantes.
La FNE subraya que la lección del MOP es clave: el diseño del mecanismo importa tanto como su existencia. Por eso, recomienda que sean las propias partes quienes definan qué mecanismo les resulta más adecuado —arbitraje obligatorio, panel técnico, dispute boards o mediación con transacción—, atendidas las características específicas de estos contratos.
Las salvaguardas que pide la FNE
A pesar de sus recomendaciones de flexibilización, el informe es cuidadoso en advertir que cualquier cambio normativo debe ir acompañado de resguardos anticompetitivos. "Se deben tomar las prevenciones necesarias a fin de no afectar la libre concurrencia en las licitaciones de obras públicas, así como asegurar que los cambios regulatorios que eventualmente se consideren no contribuyan a la facilitación de prácticas colusivas y/o abusivas", concluye el documento.
La pelota queda ahora en la cancha del TDLC, que deberá evaluar si emite una proposición normativa al Minvu y en qué términos. El antecedente del MOP, donde las recomendaciones del tribunal tardaron tres años en traducirse en decreto, da una idea de los plazos que puede tomar el proceso.
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