La Asociación Nacional de Funcionarios del Servicio de Evaluación Ambiental (Anfusea) llegó hasta la Corte Suprema para intentar revertir un acto administrativo dictado por el director ejecutivo del organismo, Hernán Brücher, sobre un regreso progresivo de los trabajadores a sus oficinas en medio de la pandemia.
La presidenta del gremio, la abogada Andrea Espinoza Gajardo, presentó el 22 de mayo un recurso ante el máximo tribunal del país, luego que el tribunal de alzada no acogiera a tramitación un recurso de protección en que se buscaba anular la decisión del director del SEA, la que fue conocida el pasado 30 de abril.
"El director ejecutivo dictó un acto administrativo que ordena el retorno progresivo del funcionariado, el cual es comunicado vía correo electrónico institucional, el día jueves previo a un feriado legal a las 22:39 horas, en el cual ordena que los funcionarios deben comenzar a retornar a labores presenciales a lo largo de todo el país al día lunes hábil siguiente, sin que se asegure la implementación de los elementos de seguridad personal mínimos para todas las direcciones Regionales del SEA, de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Prevención de Covid-19 para los funcionarios/as públicos y espacios de atención ciudadana, indicados por la Superintendencia de Seguridad Social", dijo la representante en su escrito presentado a la Suprema.
Y añadió: "Resulta del todo arbitrario, imprudente y caprichoso solicitar al funcionariado el retorno al trabajo presencial, en una etapa donde la pandemia no ha llegado a su peak de contagios, cuyas cifras se han disparado en los últimos 4 días y donde cada día con mayor frecuencia se conocen casos de nuevos funcionarios públicos contagiados". La abogada Andrea Espinoza aseguró que los funcionarios del SEA "en ningún momento" han detenido su labor. "Al contrario, han realizado con mucho esfuerzo y compromiso todos los trabajos solicitados por sus respectivas jefaturas, labores que además no han sido indicadas como de aquellos servicios esenciales, de emergencia, utilidad pública y/o abastecimiento", sostuvo.
Asimismo, acusó que el acto administrativo es ilegalidad, puesto, dijo, contraviene a un oficio de Contraloría que establece el trabajo remoto como regla general para el sector, dejando una parte de trabajo presencial para servicios mínimos, muy excepcionales, que tengan el carácter de estratégicos.
"En consecuencia, el trabajo remoto como regla general es una medida que tiene por especial consideración la necesidad de resguardar la salud de los y las funcionarias públicas, de la población, de los usuarios evitando la propagación de la pandemia, resultando aún más oportuno continuar el trabajo remoto en momentos donde los contagios según los informes de la autoridad sanitaria se han incrementado significativamente en los últimos cuatro días5, sumado al aumento de las comuna en cuarentena llegando a 32 comunas con esa restricción de movilidad", sostuvo la abogada Andrea Espinoza.
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