Más de 10 años lleva la inmobiliaria intentando levantar el proyecto.
Durante más de diez años, el proyecto Hijuelas Quilín, impulsado por la Inmobiliaria Universa, ha intentado obtener la luz verde de las autoridades. Este desarrollo, que contempla 24 torres y un pequeño centro comercial, ha enfrentado múltiples obstáculos, como la oposición de los vecinos, trabas municipales y observaciones de las autoridades ambientales. Incluso, las disputas llegaron hasta la justicia y al Tribunal Ambiental.
Después de una década de conflicto, la inmobiliaria ligada a Jaime Araya Ugarte y la Municipalidad de Peñalolén lograron llegar a un acuerdo. En la mañana del jueves, el Concejo Municipal aprobó un documento entre la compañía y los vecinos para modificar la obra; solo falta que las partes lo firmen.
La propuesta consiste en reducir la altura de los edificios, que originalmente iban a tener 15, 12 y 11 pisos, a un máximo de nueve niveles. Además, se disminuirá la constructibilidad del proyecto de 191.808 metros cuadrados (m2) a 168.922 m2. Con esta modificación, se eliminan 54 unidades habitacionales. El resto del proyecto, como el parque público, áreas verdes, equipamientos y estacionamientos subterráneos, no tendrá cambios.
Así, el nuevo calendario establece que la municipalidad debe aprobar la modificación del proyecto, avaluado en US$ 350 millones. Se prevé que la construcción comience a finales de 2025 o, a más tardar, en 2026, con la expectativa de que la obra esté operativa en 2028.
El alcalde de Peñalolén, Miguel Concha, destacó que como municipio acompañaron a la comunidad en este proceso para mitigar las externalidades negativas de un proyecto que aún “dista mucho de lo que desean para Peñalolén”.
“Nuestro compromiso es que la comuna crezca en armonía con sus vecinos y con el medio ambiente. Como nueva gestión municipal, impulsaremos límites a los megaproyectos inmobiliarios que vengan a saturar nuestros barrios”, enfatizó.
Consultada la inmobiliaria, no hubo respuesta al respecto.
Fuentes ligadas al proceso indicaron que uno de los factores que influyó en la aprobación del acuerdo fue el precedente del proyecto de la Inmobiliaria Nueva El Golf, en Las Condes. En 2016, la suspensión de las obras de esa iniciativa, que contemplaba dos edificios de lujo, llevó a la inmobiliaria a solicitar una indemnización cercana a los $ 10 mil millones. Este monto fue aprobado por la justicia y ratificado por el Tribunal Constitucional.
Fuentes cercanas al municipio indicaron que el proyecto de Peñalolén, mucho más grande, podría haber requerido una indemnización mayor, y la alcaldía no tenía capacidad para asumirla, por lo que optaron por un acuerdo.
Las obligaciones
En el marco de ese acuerdo, tanto la inmobiliaria como la municipalidad y los vecinos, deberán cumplir con diversas obligaciones. Por ejemplo, la compañía tendrá que renunciar al derecho de demandar indemnización por las ilegalidades, sumado a un compromiso para ejecutar el proyecto conforme a las modificaciones acordadas.
Además, el municipio desistirá de los recursos legales pendientes en el Tribunal Ambiental y en la Corte Suprema, y se encargará de agilizar la tramitación de la modificación del proyecto; mientras que los vecinos también se desistirán de la causa pendiente en el Tribunal Ambiental.
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