Una dura respuesta entregó Metro a la Superintendencia de Medio Ambiente (SMA) en el marco del proceso sancionatorio que se abrió el 10 de junio, a raíz de las vibraciones que comenzaron a sentir vecinos de la Línea 6, que une Providencia con Cerrillos.
En un documento de 33 páginas, niegan cualquier tipo de incumplimiento producto de un exceso de vibración, ya que dicen estar dentro de los estándares internacionales que contempla su permiso ambiental.
La SMA había levantado dos cargos relacionados con las vibraciones, uno leve y otro grave. En este último acusó que se había superado el límite establecido en cinco de las siete ubicaciones que monitoreó a lo largo del trazado de 15 kilómetros.
En su defensa, Metro indicó que se trata de un “estudio técnico con graves errores y falencias que distorsionan los resultados obtenidos y, consecuentemente, conducen a la SMA a conclusiones equivocadas”.
La compañía estatal acusa que el organismo no contaba con el equipo necesario para realizar las mediciones exactas, utilizando una metodología diferente a la establecida en la evaluación ambiental del proyecto.
“Una medición que no observe las exigencias establecidas en los referidos protocolos no podrá ser representativa para la autoridad y, por ende, deberá ser desestimada para todos los efectos de fiscalización y demás fines legales”, indicó en el escrito.
Metro relató que ninguna consultora nacional contaba con el equipamiento necesario para medir estos hechos y que el traslado de la maquinaria a Chile era inviable por las grandes dimensiones que implicaba, ya que pesan más de 2,5 toneladas aproximadamente.
Por esta razón, la SMA habría escogido un método de medición de acuerdo a otra norma ISO “como camino viable” para llevar a cabo el testeo.
Esto levantó las sospechas de Metro, pues explican que la técnica utilizada por la SMA era muy sensible a la ubicación y tipo de estructuras flexibles o livianas que, de no estar posicionada adecuadamente, afecta los sensores que toman la muestra.
“Es técnicamente incapaz de arrojar resultados confiables respecto al verdadero impacto causado por el componente de vibraciones y, por tanto, resultados así deben ser completamente desestimados”, señaló Metro.
Problemas de legalidad
Otro punto que acusa la estatal es que la formulación de cargos “adolece de vicios de legalidad”, ya que a través de ella se hacen fiscalizaciones con un error metodológico.
Esto, porque a su juicio resulta “manifiestamente contrario a derecho imputar a Metro haber incumplido su RCA en lo relativo a los límites máximos de vibraciones contemplados en la norma ISO 2631-2:1989, mediante la aplicación de medición que difieren de la metodología contemplada en la propia RCA para ese efecto”.
“Aceptar tal situación implicaría una vulneración al principio de legalidad de las funciones públicas, pues la SMA estaría actuando fuera del marco de sus competencia”, dijo la empresa aludiendo a que en este caso debe estar dentro de lo que establece el permiso ambiental.
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