El objetivo del Ministerio de Obras Públicas (MOP) es claro: robustecer la infraestructura del país. Para ello, la cartera tiene actualmente en marcha un portafolio de 14 proyectos en distintas etapas de licitación.
A pesar de la importancia que tienen estos desarrollos para el país, ocho proyectos enfrentan distintos grados de retraso, con demoras que en algunos casos alcanzan los 41 meses.
Si le hacemos zoom a la cartera de proyectos, a la fecha hay cuatro obras que están a la espera de la recepción de ofertas técnicas. Estas son la Concesión Ruta 5 Tramo Chacao-Chonchi, Embalse Nueva La Punilla, Ruta Pie de Monte y Segunda Concesión Ruta 5 Tramo Temuco-Río Bueno.
El caso más crítico es el de la concesión Ruta 5 Tramo Chacao-Chonchi. El llamado a licitación se realizó el 8 de junio de 2021, con la apertura de ofertas técnicas programada originalmente para el 26 de noviembre del mismo año. No obstante, esta fecha se ha postergado siete veces, reprogramándose para el 30 de abril de 2025, lo que equivale a 41 meses de retraso.
De manera similar, los otros tres proyectos acumulan demoras de 38, siete y cuatro meses respectivamente (ver tabla).
Si miramos los proyectos que están a la espera de adjudicación, pero que actualmente siguen en su proceso de licitación, el panorama es parecido. Dentro de este paquete se encuentran la Segunda Concesión Interconexión Vial Santiago-Valparaíso-Viña del Mar, Ruta 68; Segunda Concesión Ruta 5 Santiago-Los Vilos; Segunda Concesión Ruta del Itata; y Segunda Concesión Aeropuerto de la Región de la Araucanía.
En este grupo, el caso emblemático es el de la Ruta 68. El llamado a licitación se realizó el 31 de diciembre de 2021, con la apertura de ofertas técnicas originalmente prevista para el 2 de diciembre de 2022. Sin embargo, tras cuatro reprogramaciones, este acto se llevó a cabo recién el 15 de octubre de 2024, con un retraso total de 22 meses.
Los otros tres proyectos de esta categoría también registraron aplazamientos en sus cronogramas.
Respecto a las otras seis concesiones que están en proceso de licitación -Ruta 5 Tramo Caldera-Antofagasta; Corredores de Transporte Público Ruta 150 y Autopista Concepción-Talcahuano Tramo II; Corredor de Transporte Público Ruta 160; Concesión Nuevo Establecimiento Penitenciario de Copiapó; Concesión Sistema Nacional de Alerta Temprana de Tsunami; Planta Desaladora para la Región de Coquimbo-, todavía no presentan ningún nivel de retraso en su calendario, debido a que el llamado a licitación de estos desarrollos fueron anunciados hace menos de dos meses.
Afectaciones
En total, estos ocho proyectos representan una inversión de UF 132 millones (US$ 5 mil millones), una suma que subraya el impacto de estas obras tanto en términos de infraestructura como de impulso económico.
“Estos retrasos afectan al país. En la medida que el desarrollo de infraestructura se demora, la calidad de vida de las personas se resiente. Por una parte, se extienden las externalidades negativas de toda obra, y por la otra, la infraestructura de mejor calidad que esperan no llega a tiempo”, recalcó el presidente de la Asociación de Concesionarios de Obras de Infraestructura Pública (Copsa), Leonardo Daneri.
El líder gremial detalló que el retraso de obras además impacta en la cadena logística, afectando la capacidad exportadora, la competitividad y el crecimiento económico de Chile.
“Acá es clave establecer plazos mandatorios a cada servicio, dotarlo del equipamiento para que pueda cumplirlo y tener una mejor gobernanza del conjunto de trámites, con criterios estratégicos. Si cada servicio opera como feudo independiente, los costos y tiempos se duplican”, explicó.
Las razones
Consultada al respecto, la Dirección General de Concesiones (DGC) indicó que al tratarse de procesos dinámicos, no corresponde hablar de retrasos. En ese contexto, la entidad señaló que la flexibilidad en las fechas forma parte de una estrategia para garantizar licitaciones competitivas y exitosas; y recalcó que los ajustes que se realizan obedecen a un análisis de las variables del mercado, buscando maximizar la participación de oferentes y asegurar la calidad y viabilidad de cada iniciativa.
“Los procesos de licitación son en su mayoría de gran magnitud y tienen implícitos muchos beneficios sociales, por lo cual, ante el riesgo de que una licitación se declare desierta, es preferible alargar el plazo de recepción de ofertas y realizar en ese nuevo período los ajustes técnicos y económicos necesarios”, señaló.
Respecto a las obras que están a la espera de su adjudicación, la entidad detalló que estos son actos que requieren de la aprobación de varias reparticiones públicas y de la toma de razón por parte de Contraloría, lo que implica plazos que no dependen exclusivamente de la DGC.
Para los proyectos que recién inician su proceso de licitación, la dirección destacó que están trabajando con un enfoque preventivo que busca minimizar riesgos y asegurar que los plazos proyectados se cumplan en la medida de lo posible.
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Laura Guzmán
