Este viernes el Segundo Tribunal Ambiental rechazó por dos votos contra uno la reclamación presentada por la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar, que buscaba invalidar el permiso ambiental del proyecto Hotel Punta Piqueros.
La Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico Cultural de Viña del Mar recurrió al Tribunal luego que el Comité de Ministros rechazara su recurso de reclamación en contra de la resolución de calificación ambiental favorable del proyecto (RCA N°46/2018), y solicitó que esta judicatura especializada dejara sin efecto dicha decisión e invalidara la RCA, rechazando el proyecto.
Entre las reclamaciones presentadas por la asociación, destaca un eventual decaimiento administrativo de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) del proyecto, producto de la anulación del permiso de edificación entregado por la Municipalidad de Concón. Y a esto se suma "la debida consideración de las observaciones ciudadanas en materia de tsunamis y marejadas", y "la supuesta insuficiencia del sistema de prevención ante tsunamis y/o marejadas y de la línea base reevaluada para el Peñón Orejas del Burro".
Sin embargo, tras el análisis de los antecedentes, el Tribunal determinó que “la autoridad administrativa abordó adecuadamente la observación ciudadana sobre el riesgo de tsunami y/o marejadas, ante las variables que cuestionó la actora relacionada con la metodología para la determinación de la zona de inundación, necesidad de un muro verteolas y la idoneidad de la evacuación vertical”.
Y desestimó la alegación asociada a la consideración de las observaciones ciudadanas relacionadas con la línea base del proyecto. En ese sentido, la instancia precisó que tras la sentencia del Segundo Tribunal Ambiental de octubre de 2016 -que anuló la RCA del Hotel Punta Piqueros-, la línea base fue reconstruida, incorporando teóricamente al Peñón Orejas del Burro, y se evaluaron los impactos provocados tras la construcción del hotel, particularmente respecto de los componentes flora, fauna y otras materias observadas por la corporación.
“De la revisión del expediente administrativo, se puede constatar que tanto el SEA como el Comité de Ministros reconocieron que la ejecución del proyecto genera potenciales efectos (...) De este modo, la reclamada exigió adecuadamente las medidas necesarias para los impactos constatados. Tanto los impactos supuestamente señalados por la parte reclamante, así como la suposición de una mayor entidad de los mismos fueron debidamente descartados”, explica la sentencia.
Plan Regulador de Concón
Asimismo, el documento descarta que el Comité de Ministros haya actuado ilegalmente al no declarar el decaimiento de la RCA N° 46/2028, luego de que la Corte Suprema anulara el permiso de edificación entregado por la Municipalidad de Concón al proyecto.
El Tribunal recordó que el permiso de edificación no es un permiso ambiental sectorial que deba obtener en el marco del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental. Y sostuvo que es perfectamente posible que un proyecto o actividad obtenga primero una de las autorizaciones, y luego de modo previo a la ejecución se avoque a la tramitación del segundo permiso, o incluso lo haga paralelamente.
"Así, nada impide que se inicie el procedimiento ambiental y tras ello aquel destinado a la obtención del permiso de edificación, o viceversa”, dijo.
También desechó la alegación respecto a que en este nuevo proceso de evaluación debió considerarse el Plan Regulador Comunal de Concón y no el de Viña del Mar, especialmente luego de que se anulara el permiso de edificación del proyecto.
"A juicio del Tribunal, no se observa un actuar ilegal del Comité de Ministros cuando rechazó en esta materia la reclamación de la Corporación Pro Defensa del Patrimonio Histórico y Cultural de Viña del Mar (...) Al mismo tiempo, tampoco se aprecia una ilegalidad en el hecho de hacer presente al titular que la RCA favorable no lo exime de cumplir con la normativa”, dice el fallo.
El Tribunal estuvo integrado por los ministros Cristián Delpiano Lira, presidente (s), Cristián López Montecinos y Alejandro Ruiz Fabres. La sentencia fue redactada por el ministro Delpiano y la disidencia por el ministro López, quien estuvo por acoger parcialmente el reclamo.
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