Este martes, el Tribunal Constitucional revisará la suspensión temporal que tramitó la Municipalidad de Santiago contra el procedimiento de cobro de la inmobiliaria San Valentino SpA que exige que se le pague la transacción por la venta de la propiedad de la Clínica Sierra Bella, que es de propiedad del municipio al estar inscrita en el Conservador de Bienes Raíces en septiembre de 2025 por orden judicial.
Fuente de la inmobiliaria -que protagonizó el polémico caso cuando se supo que la administración de Irací Hassler aprobó la compra del inmueble con un pago de más de $ 8 mil millones-, indican que cada mes que no paga la deuda, se suman en torno a $ 60 millones por concepto de intereses.
“El costo de la dilación judicial pareciera una estrategia de la actual administración para dejarle el pago a un próximo alcalde sin importar el perjuicio aumente día a día para a los vecinos”, dijo la Inmobiliaria San Valentino a través de un comunicado.
El caso que se ventila en el 20° Juzgado Civil de Santiago, que en su origen correspondía a un cumplimiento contractual vía juicio ejecutivo, fue suspendido por el TC en febrero pasado.
“Actualmente, la Municipalidad ha recurrido al Tribunal Constitucional y ha promovido una serie de cuestionamientos que no son de fondo al proceso, lo que ha derivado en una paralización temporal del cobro. Sin embargo, esta situación, lejos de representar un beneficio, ha incrementado el daño económico para la propia institución edilicia, ya que la deuda continúa creciendo mes a mes producto de reajustes, intereses y costas judiciales. Es más, al derivar el litigio al Tribunal Constitucional por una materia incidental, respecto de la cual la propia Inmobiliaria decidió desistirse, dado que se vinculaba a la tacha de declaraciones de testigos presentados por la Municipalidad y no al fondo del conflicto, la entidad edilicia, encabezada por el alcalde Mario Desbordes, optó igualmente por perseverar en dicha vía”, señaló el comunicado.
Y agregó que “esta decisión, desde esta parte, evidencia una estrategia dilatoria, en tanto permitió suspender la tramitación de la causa en la justicia civil sin abordar el fondo del litigio”.
Además, hizo hincapié en que el inmueble ya fue inscrito a nombre de la Municipalidad de Santiago en septiembre de 2025, en cumplimiento de una orden judicial. “En consecuencia, el municipio es actualmente dueño del bien, mientras el juicio ejecutivo continúa respecto del pago del precio”, dijo.
Sobre el valor, Inmobiliaria San Valentino sostiene que el valor del inmueble “es el que fue legalmente acordado y perfeccionado en la compraventa, conforme a todas las exigencias administrativas y jurídicas aplicables. En ese contexto, resulta un despropósito que, mediante la prolongación del litigio, se siga incrementando el monto a pagar. A la luz de los hechos, esta dinámica no solo carece de racionalidad económica, sino que también aparece más bien como una estrategia comunicacional basada en dilatar el proceso, cuyo efecto concreto es elevar progresivamente la deuda”.
Agregó que, en el marco de un juicio ejecutivo, la deuda no es estática y se incrementa sistemáticamente debido a reajustes del capital, aplicación de intereses y costas judiciales y gastos procesales. Como resultado, estimaciones preliminares de la Inmobiliaria sitúan el monto total en más de $ 12.500 millones, con proyecciones que incluso podrían exceder los $ 14.000 millones en caso de acciones indemnizatorias adicionales por incumplimiento contractual.
“Este escenario no responde a modificaciones del contrato original, sino a decisiones administrativas adoptadas por las autoridades municipales, primero durante la administración de la exalcaldesa Irací Hassler y posteriormente mantenidas por la actual administración del alcalde Mario Desbordes”, dijo la empresa.
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Nicolás Durante
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