Las obras del Puente Chacao estarían lejos de funcionar con normalidad. Pese a que la semana pasada el intendente de Los Lagos, Harry Jürgensen, afirmó que los trabajos no están paralizados y que incluso habían recibido 80 camionadas de hormigón, trabajadores al interior del proyecto aseguran que hay señales de incertidumbre.
Afirman que a contar del 1 de enero 11 personas dejaron de trabajar en las obras, la mayoría porque no les renovaron el contrato. Además, existen otros 80 colaboradores de empresas subcontratistas que no están asistiendo a las faenas, debido a que les indujeron vacaciones mientras no se tenga mayor claridad de cómo se resolverá el conflicto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP).
La zona norte del megaproyecto de US$ 680 millones es la única donde se estarían ejecutando obras, pero menores, que sólo incluyen movimiento de materiales. Tanto la zona sur –que era la que proseguía luego de la finalización de la instalación de los 36 pilotes que componen la pila central del puente- como las obras en la parte superior de la pila central, están paralizadas. La irrupción de los trabajos –comentan- se habría producido dos semanas atrás, cuando se mediatizó la polémica.
Consultado, el consorcio Puente Chacao (CPC) –cuyo controlador es la coreana Hyundai- no quiso referirse al tema.
De momento, no existe un plazo para que los trabajadores subcontratados reciban una respuesta respecto de cuándo podrían retomar las obras y en el lugar se mantiene operativo solamente el sindicato Nº 2 Consorcio Puente Chacao –que agrupa a 150 personas- mientras que las empresas subcontratistas están con su dotación al mínimo.
El conflicto
En vísperas de Navidad, CPC acusó un “trato abusivo” por parte del MOP, relatando que luego de que la cartera realizara varios cambios al diseño de la obra -que implicaron cerca de US$ 300 millones de sobrecostos-, no se modificó el contrato de la obra, cerrándoles la puerta a ser compensados por esos costos adicionales que tuvieron que desembolsar.
“El incumplimiento de los compromisos contraídos por parte del MOP, la mala fe con que se han llevado adelante las conversaciones, el perjuicio injusto que de ello se deriva y la completa inseguridad jurídica que se instala como consecuencia, llevaron a CPC a la conclusión que es imposible, en estas condiciones, continuar con las obras”, afirmó en aquella ocasión el consorcio.
En tanto, desde el gobierno se han mantenido en una firme posición de que, al ser un contrato a suma alzada, todos los costos y riesgos deben ser asumidos por la empresa.
En un punto de prensa el viernes, el titular de la cartera, Alfredo Moreno, volvió a señalar que las obras no se han detenido. “Estamos trabajando con CPC para lograr un acuerdo en beneficio de todos que permita que el puente se siga construyendo, pero que también se pague lo justo de acuerdo al contrato que se adjudicó la compañía”, dijo.
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