Una soterrada disputa se desató entre el Municipio de La Florida y el Ministerio de Obras Públicas (MOP). La alcaldía liderada por Rodolfo Carter emitió un decreto el pasado 12 de agosto, que declaró la inhabilidad de una construcción ubicada en la calle Rupanco N° 202, por no cumplir con el plan regulador comunal. Se trata ni más ni menos que del Laboratorio Nacional de Vialidad.
"La actividad del laboratorio de vialidad no se encuentra dentro de las actividades permitidas por el Plan Regulador de la comuna de La Florida para el lugar de emplazamiento del inmueble de calle Rupanco", sostiene el municipio. "El Laboratorio Nacional de Vialidad como el Laboratorio Regional de la misma entidad, han ocupado por décadas este inmueble y las distintas edificaciones que lo componen, de forma continua, pública, con conocimiento de la Municipalidad de La Florida y siempre desarrollando la función pública para la que fue destinado el inmueble", es la respuesta del ente vinculado al MOP, que presentó un recurso de protección en contra del municipio, al que acusó de emitir una resolución arbitraria, caprichosa, insensata, irrazonable y desproporcionada.
Según el servicio estatal, con la decisión del municipio "se estaría comprometiendo la continuidad del servicio", toda vez que la paralización del Laboratorio Nacional de Vialidad –producto del desalojo– podría ocasionar el "estancamiento de innumerables" obras públicas, proyectos y estudios tanto de la Dirección de Vialidad, como de las demás Direcciones del Ministerio de Obras Públicas.
"Es así que la decisión impugnada resulta perjudicial tanto para el Laboratorio Nacional de Vialidad, el Regional Metropolitano, la Dirección Nacional de Vialidad, el Ministerio de Obras Públicas, como también para el patrimonio fiscal, los usuarios de estas obras y la comunidad toda", afirma el organismo estatal.
Añade que con la medida, se "verían seriamente afectadas sus funciones", dado que no podrían desarrollar las labores respecto al control de la calidad de las obras viales que se construyen y/o licitan en el país. "Es más, la desproporcionalidad y el daño que se causaría de mantenerse vigente el Decreto de Desalojo sería irreparable, ya que provocaría: retrasos en los contratos de construcción; imposibilidad de fiscalizar adecuadamente la calidad de las obras; e imposibilitaría la acreditación de laboratoristas viales clases A, B y C requeridos para efectuar los autocontroles de las obras", dijo el servicio.
Por esto, recurrió a la justicia. Primero, con el mencionado recurso de protección, el que ya fue acogido, pero el municipio recurrió a la Corte Suprema.
"Si existe un eventual peligro en la continuidad del servicio no es de responsabilidad de la Municipalidad de la Florida o de su Dirección de Obras, sino que de la propia recurrente, atendido que no ha adoptado las medidas necesarias para corregir la -a lo menos- irregular situación que afecta a su laboratorio", sostiene el municipio en su recurso de apelación presentado al máximo tribunal del país.
En paralelo, el organismo público solicitó una orden de no innovar ante la Corte de Apelaciones, la cual se mantiene pendiente.
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