El Segundo Tribunal Ambiental informó que acogió la reclamación presentada por la empresa Flesan en contra de la sanción de 170 UTA (aproximadamente $ 102 millones) de la Superintendencia del Medio Ambiente a raíz de la infracción a la norma de ruido en una faena de demolición llevada a cabo en la comuna de Providencia.
Por consiguiente, el fallo anula la resolución sancionatoria, ordenando a la SMA dictar una nueva a partir de las consideraciones expuestas en la sentencia.
“A juicio del Tribunal, la resolución reclamada adolece de vicios de legalidad, toda vez que se basa en un procedimiento administrativo viciado. Lo anterior, atendido que Flesan recién tuvo conocimiento de la inspección y medición de ruidos casi dos años después de realizada, al ser notificada de la formulación de cargos, y cuando la faena de construcción había terminado”, concluyó la sentencia del tribunal.
La entidad además determinó que, tras finalizar la inspección a la faena de demolición, la Superintendencia no le entregó a la empresa copia del acta de fiscalización -como mandata la normativa-, y tampoco se la remitió posteriormente.
“En consecuencia, la excesiva duración del procedimiento, -que se inició, atendidas las particularidades del caso, con la emisión del acta de fiscalización-, en vulneración del principio de celeridad consagrado en la Ley N° 19.880, así como de los principios de eficiencia y eficacia contemplados en la LOCBGAE, junto con el desconocimiento por parte de FLESAN de la inspección realizada el 14 de diciembre de 2017, la dejó en indefensión, afectando, en la práctica, la posibilidad de proponer acciones idóneas en un PdC. Además, la SMA incumplió su obligación legal de proporcionarle una efectiva asistencia al cumplimiento ambiental”, dicta el fallo.
Llamado de atención
La sentencia de la justicia explica que la SMA al recibir los antecedentes de parte de la Municipalidad de Providencia, el 2 de enero de 2018, contaba con la información necesaria para poner en conocimiento de la empresa el proceso de fiscalización, y “al no hacerlo en forma oportuna, puso en riesgo la salud de las personas y afectó la posibilidad de que Flesan adoptara medidas concretas y eficaces para corregir la situación de infracción a la norma de ruidos”.
En relación a aquello, la institución llamó la atención respecto de la necesidad de dar una mayor celeridad al accionar del ente fiscalizador, en los procedimientos sancionatorios asociados a las infracciones a la norma de ruido (D.S. N°38/2011), “atendido que en este tipo de casos no requiere recabar antecedentes adicionales más allá de lo informado en el acta de fiscalización y en el reporte técnico donde se acompañan las fichas de medición de ruido, a fin de no hacer ilusorio el sistema jurídico de protección ambiental y de la salud de las personas”.
El Tribunal no se pronunció respecto de las demás alegaciones, asociada a la clasificación de la infracción, ya que los vicios de legalidad se produjeron mucho antes de la dictación de la resolución sancionatoria, es decir, en la misma sustanciación del procedimiento administrativo.
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