Parecía un caso poco glamoroso, de poco interés y con consecuencias más bien acotadas, pero su paso por la Tercera Sala de la Corte Suprema tiene a la industria energética y minera analizando de cabeza las consecuencias que puede tener.
Esto, porque hace unos días el máximo tribunal del país acogió un recurso de protección presentado por una persona que acusaba a Eléctrica Caren, ligada a Latin American Power (LAP), de la destrucción de parte de un predio rural a raíz de los desperfectos de un ducto de dos metros de ancho, por donde transitan 2,7 m3 por segundo de agua.
Uno de los argumentos que se usaba es que la obra -ubicada en la región de la Araucanía y con una capacidad de 28 MW- no fue construida respetando las normas técnicas previamente autorizadas por la DGA y, además, no contaba con la recepción final de ese organismo.
Aunque la Corte hace ver que no se acreditó el daño motivo del recurso de protección, terminó por acogerlo -revirtiendo la decisión de instancias anteriores- porque LAP no cuenta con la recepción definitiva de las obras por parte de la Dirección General de Aguas (DGA) y tampoco lo ha solicitado.
El problema de esto, es que se estima que el 97% de las denominadas obras mayores que hay en el país operando, como embalses hidroeléctricos, tuberías de centrales de pasada, tranques de relaves mineros y ductos que transportan mineral no cuentan con esta revisión. Esto, dado que el reglamento de Obras Mayores del Código de Aguas vigente desde 2015, asentó la práctica de que el titular solicita una autorización a la DGA para construir una obra, pero no la recepción final.
Incluso en algún momento mientras se elaboraba la normativa, una versión preliminar incluyó que estas infraestructuras solo podrían funcionar si contaban con la recepción por parte de la DGA. Al poco andar, el propio gobierno decidió dar un paso atrás.
¿El motivo? No solo implicaba paralizar una parte importante de los embalses y tranques que ya funcionaban, sino que le ponían una dificultad adicional al desarrollo de proyectos hidroeléctricos, por cuanto el trámite de recepción ante la DGA podría tomar del orden de ocho meses en el mejor de los escenarios y más de 18 si es que la infraestructura tiene diferencias -en por ejemplo los materiales utilizados- con lo autorizado por la DGA, explica una fuente.
Aunque se estima que la única vía posible de salida será acelerar los plazos que toma la recepción final de obras, en la industria hay temor que este fallo pueda ser usado en una nueva oleada de judicialización. Esta vez apuntando a obras existentes, pero que no tienen recepción.
Mientras, la central de LAP debió detener de forma inmediata el flujo de agua, hasta que logre la recepción de la DGA.
Proceso claro y conocido
“El fallo de la Corte Suprema reafirma la discusión de fondo en torno a la operación de las obras hidráulicas mayores, en cuanto a la necesidad de que exista un procedimiento expedito, ágil y de corto plazo para que, una vez construidas las obras, éstas puedan entrar en operación de inmediato”, explica el extitular de la DGA y socio de Puga Ortiz, Rodrigo Weisner.
Agrega que este trámite debería ser equivalente al que realiza una Dirección de Obras municipal, que es relativamente expedito y con requisitos y trámites claros y conocidos.
“Esta sentencia exigirá al Estado agilizar sus procedimientos, debiendo dotar de recursos humanos y presupuestarios a las unidades a cargo de tramitar la solicitud de recepción y a los privados de construir las obras hidráulicas mayores apegados a la Resolución Administrativa que autorizó la construcción y corregir rápidamente las desviaciones que puedan existir (ajustes de proyectos, de los derechos de aguas que permiten aprovechar dichas obras)”, dice.
Si no se logra esto último, podría darse el caso de que este tipo de obras estén construidas sin operar por mucho tiempo, “impidiendo con ello que generen los flujos necesarios para pagar los créditos involucrados y el retorno a la inversión esperada”, dice Weisner.
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