La nueva ministra de Energía, Susana Jiménez, explicó ante la comisión de Energía y Minería de la Cámara de Diputados que se dará dos meses, es decir hasta mediados de mayo, para contar con una hoja de ruta para el sector.
La renovada “agenda de energía” -documento que elaboró por primera vez el ministro Máximo Pacheco- se hará después de un proceso de diálogo con distintos actores relacionados a esta industria.
“Se hizo en el gobierno anterior y creemos que fue muy positivo, porque permitió desde la participación de la sociedad civil, ONG, industrias y consumidores, recoger las problemáticas que había en el sector y junto con ello establecer medidas, plazos y responsabilidades. Es un ejercicio muy importante de hacer para consensuar la política energética de los próximos cuatro años”, dijo.
Respecto de la capacidad de transmisión de electricidad, dijo que “hay que estar viendo (de forma permanente) las necesidades de infraestructura del país”, por lo que es necesario contar con un sistema robusto. Agregó que quieren avanzar en interconexiones internacionales, que le den seguridad y estabilidad al sistema.
Respecto de la reforma a la ley de distribución, dijo que hay consenso en que hay que actualizar la normativa para permitir innovación y cambios tecnológicos en la red, porque el modelo de negocios está cambiando y se pueden hacer cosas para sumar competencia.
“Esto va a ser de largo aliento, porque recién estamos en el diagnóstico y no hay consenso de cuánto y cuán profundo debe ser ese cambio”, dijo ante diputados. Agregó que se hará un trabajo para llegar con un proyecto consensuado.
Respecto a la descarbonización de la generación de electricidad, Jiménez señaló que lo quieren llevar a cabo, pero sin comprometer la seguridad del sistema. “Esto es un tema no menor. Si alguien cree que puede sacar la termoelectricidad del sistema y no se nos va a cortar la luz, está equivocado, pero si se puede programar un desmantelamiento gradual”, dijo.
Finalmente, consultada por conflictos de interés, dado que un hermano trabaja en SQM, dijo que la ley considera las situaciones por las que tendría que inhabilitarse. Una de ellas sería si la empresa presenta alguna reclamación ante el Comité de Ministros y, la otra, si la Comisión Chilena de Energía Nuclear tuviera que aprobar una cuota de litio, pero agregó que esto último eso quedó resuelto en el gobierno anterior.
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