Luego de que el Ministerio de Energía decidiera cobrar boletas de garantía por el retraso en el tramo 2 de la megalínea Cardones-Polpaico, lo que provocó que Interchile presentara un recurso de protección en contra de la cartera, la comisión de Medio Ambiente del Senado conoció ayer la situación que enfrentan los vecinos del proyecto que ha sufrido sucesivos retrasos.
La primera en presentar su postura fue la presidenta de la Comunidad Agrícola La Dormida, Evelyn Marchant, quien es en los últimos meses la dirigenta que mantiene en jaque la finalización del proyecto.
“No hay oposición de palos y, si la empresa no ha entrado, es porque legalmente no ha podido”, señaló en la instancia.
En su intervención, aludió a un abandono por parte del Estado, ya que -acusa- son los propios comuneros quienes están haciendo las fiscalizaciones que a su juicio las instituciones del Estado no están realizando. Por ejemplo, ante helicópteros que sobrevuelan la zona y guardias de seguridad que operan sin permiso.
Al ser consultada, comentó que la última conversación para resolver el conflicto se sostuvo en octubre y que desde el 28 de febrero se está entrando ilegalmente al territorio.
“Interchile no puede ingresar a los predios de la comunidad sin una orden judicial y a la fecha no la han obtenido”, enfatiza.
Sin embargo, Marchant recalca que no están en contra de la conectividad, pero que la iniciativa se tiene que llevar adelante bajo la ley. Por esto, según asegura, el dinero no es la variable que inclinará la balanza en este conflicto.
“No hay dinero que mitigue el daño, al conversar solo nos ofrecen dinero, queremos que nos evalúen y que vean que es imposible que pongan esas torres ahí, es una reserva”, dice.
Y asegura: “Vamos a aceptar cualquier determinación judicial (...) pero los tribunales nos están dando la razón y vamos a llegar hasta el último”, dice, agregando que si realizaran el proyecto quiere decir que “todo Chile está ciego”.
En medio de la sesión, el senador Guido Girardi -quien tiene una parcela en la zona- acusó amenazas por parte de un funcionario del Ministerio de Energía, tras haber acusado falta de fiscalización.
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