En concreto, son cinco abogadas fundadoras, quienes forman el directorio inicial que se encargará de la etapa de instalación y de darle forma a la asociación. Romina Tobar, de Prieto Abogados, asume la presidencia; Claudia Ferreiro, de Garrigues, la vicepresidencia; Graciela Venegas, de Carrasco Benítez, como tesorera; Carola Salamanca, de Ferrada Nehme, será la secretaria; y Cecilia Urbina de VGC Abogados, directora.
Todas han trabajado anteriormente en el Estado, formando parte de la institucionalidad ambiental y llevan años asesorando a empresas y grandes proyectos de inversión.
La corporación de abogadas nace de la convicción que compartieron sus fundadoras respecto a que en esta práctica destacan muchas mujeres y hasta ahora no existía un espacio propio para encontrarse, compartir experiencias y formar vínculos de confianza.
“Nuestro objetivo es promover el desarrollo profesional y el liderazgo de las abogadas que asesoran a empresas en materias ambientales, de sostenibilidad y de recursos naturales. Buscamos contribuir al crecimiento económico y al desarrollo sostenible del país. Una buena asesoría ambiental es clave para que los buenos proyectos se diseñen bien y se concreten”, asegura Tobar al ser consultada por DF.
La presidenta de Cadas instala que “existe una brecha entre lo que vemos en el ejercicio diario y lo que se reconoce públicamente”.
“La última guía de Chambers & Partners lo deja en evidencia: solo el 14% de los abogados reconocidos en Chile son mujeres, la proporción más baja de América Latina, donde el promedio llega al 25%. En Medio Ambiente, de 55 profesionales rankeados, somos nueve mujeres (cinco de ellas fundadoras de Cadas). Aunque ningún ranking mide todo el mercado, sí son un buen termómetro de visibilidad. Esas cifras no reflejan la cantidad de abogadas que hoy lideran equipos y asesoran proyectos complejos”, explica.
De ahí que remarca que son una agrupación de mujeres que quieren generar un espacio de redes y proyección. Eso -dice- “no significa excluir a nadie del debate ambiental”.
Para la etapa inicial, definieron cuatro prioridades: formación y la mentoría; visibilidad; creación de redes y el desarrollo de negocios; y aportar al debate regulatorio con una mirada técnica y práctica.
Y si bien hay temas evidentes en la agenda pública como -por ejemplo- las reformas al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) y a la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA), junto con toda la regulación del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), la preocupación de fondo -reconoce Tobar- es la certeza jurídica.
“Queremos una regulación ambiental exigente y eficaz, pero también clara, coherente y predecible. Esas certezas las necesitan tanto quienes invierten, como las comunidades y la ciudadanía. Cuando las reglas cambian a mitad de camino o se interpretan de forma dispar, todos pierden, incluido el medio ambiente. Por eso no nos interesa solo que los permisos salgan más rápido, sino que las decisiones sean técnicamente sólidas y se sostengan en el tiempo”, enfatiza.
Para Tobar, las mujeres han participado en la construcción del derecho ambiental -que es joven- desde el principio, en los servicios públicos, empresas y estudios de abogados. Pero advierte: “Lo que ha faltado no es participación, sino reconocimiento”.
“Nuestro sello reúne cuatro elementos: la especialización técnica; el conocimiento práctico sobre el funcionamiento de los proyectos y las empresas; una mirada constructiva sobre los desafíos ambientales del país, que no plantea el desarrollo y la protección ambiental como fuerzas opuestas; y el compromiso de que más abogadas alcancen posiciones de liderazgo”, dice.
Y recalca: “Aspiramos a que cuando se discuta una norma ambiental relevante, sea natural y necesario escuchar a Cadas”.
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Karen Peña
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