Expectación es la palabra que mejor resume el ánimo de los expertos en asuntos regulatorios, luego de que el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) acogiera para su análisis la solicitud de Conadecus sobre una eventual recomendación normativa que limite el poder de mercado de los grupos empresariales.
Así, en el III Encuentro Entre Códigos del año, iniciativa conjunta entre Diario Financiero, el estudio Recabarren & Asociados, García Nadal Abogados y la Facultad de Derecho de la Universidad Adolfo Ibáñez, cuatro especialistas se abocaron a analizar los fundamentos y alcances de la solicitud: Mabel Ahumada, socia de Libre Competencia y Regulación Económica del estudio FerradaNehme, Jorge Fantuzzi, economista y socio de FK Economics, Enrique Vergara, ex presidente del TDLC y director académico de postgrados de la UAI junto al abogado y director de empresas, Alejandro Ferreiro.
“El (mayor) riesgo me parece, es un desborde analítico de insospechadas consecuencias respecto de lo que se entiende como atentado a la libre competencia”.
Alejandro Ferreiro
Justamente este último abrió la conversación poniendo énfasis en el riesgo que implica transformar la legislación de libre competencia en una suerte de “caballo de Troya” para perseguir objetivos distintos de la preservación estricta de su ámbito de competencia. “El (mayor) riesgo me parece, es un desborde analítico de insospechadas consecuencias respecto de lo que se entiende como atentado a la libre competencia, en donde ya no es suficiente con acreditar poder de mercado, sino que basta la participación simultánea en distintos sectores económicos para configurar un grado de concentración”.
Siguiendo con el análisis, desde una perspectiva económica, Jorge Fantuzzi enfatizó que no existe evidencia de que un conglomerado per se afecte la libre competencia e incluso reparó en los argumentos esgrimidos por Conadecus en su presentación. “Si uno va viendo la evidencia que está citada en esta presentación, diría que punto por punto puede ser descartada. Por ejemplo, cita informes en el sentido contrario a lo que concluyen…”, dijo.
Enrique Vergara, coincide con que se trata de una presentación “poco fina”. “Trata de meterse al tema del poder económico pero lo que está detrás es un tema de concentración de la riqueza, pero trata de hacerlo a través de enunciar ciertos riesgos para la competencia que traería dicha concentración”.
Herramientas actuales
Por otro lado, los expositores mencionaron que en materia de libre competencia la regulación actual (DL 211) cuenta con mecanismos suficientemente robustos para hacer frente a potenciales abusos de posición dominante que pudiesen derivar de empresas pertenecientes a grandes conglomerados.
“Uno de ellos, por ejemplo, se da en el caso de interlocking, que supone que una misma persona se sienta en cargos de directorios en dos empresas que son competidoras. Obviamente esto tiende a generar riesgos de intercambio de información, disminuye como la intensidad competitiva…Por otro lado, está la obligación de informar a la Fiscalía en caso de adquisiciones de participación minoritaria en empresas, eso también es otra vía por la cual uno puede limitar estos riesgos que significaban antes el que un competidor tenga una participación minoritaria en otra empresa competidora. Y, por último, está el control de operaciones de concentración y ahí también, a través de este mecanismo preventivo obligatorio, uno puede ir observando los controles que ha ido ejerciendo la Fiscalía y la posibilidad de modificar determinadas operaciones o transacciones de la forma en que la proyectaron las partes, de manera que no se reduzca sustancialmente la competencia”, explicó la experta Mabel Ahumada.
Escenarios
Con todo, a juicio de los expertos, en función del mérito de la presentación, esta derivaría en que el TDLC deseche la consulta, aun así ven un riesgo instrumental de que la solicitud escale a nivel legislativo (a través de alguna iniciativa parlamentaria) o bien pueda ser llevada a la Corte Suprema, con consecuencias insospechadas.
Pero también –aclaran- hay una oportunidad de parte del TDLC y eventualmente de la Corte Suprema de ser pedagógicos en explicar cuál es el alcance de la libre competencia y por qué no debería prosperar esta solicitud, al menos en los términos planteados por la agrupación de consumidores.
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