Un portazo al plan de reorganización presentado por Latam Airlines hace unos días dio BancoEstado, en calidad de representante de los tenedores de bonos locales y que están compuestos por AFP, compañías de seguros y otras entidades, ante la falta de claridad sobre el pago de las acreencias que suman cerca de US$ 500 millones.
Si bien el mecanismo de la aerolínea se presentó el viernes 26 de noviembre, el comité asesor de BancoEstado se reunió hasta la última semana con su contraparte. Dos días después, el domingo, se volvieron a juntar para entender el detalle de la fórmula. El lunes a las 16:00 hrs de Nueva York, el Steering Committee de BancoEstado se reunió con el Juez James L. Garrity, encargado del caso, en una audiencia para evaluar su posición. Y el martes, tras intensas jornadas de análisis, en la entidad estatal se dieron cuenta de que en la fila de pagos su prioridad era mucho más desventajosa de lo pensado.
Y es que Latam Airlines diseñó un esquema de 11 clases de reclamaciones que se ordenan según las preferencias de pagos de los acreedores y bonistas. Del 1 al 4, son para Evercore, el grupo que representa el 71% de la deuda de la aerolínea y que comprometió sus votos para aprobar el plan de reorganización en febrero. ¿Dónde están los representados por BancoEstado?, una fuente en off calcula que en la clase 5, junto a otros acreedores sin garantía.
Pese a que el pago de la proporción de deuda es variable, si los tenedores de bonos chilenos no aportan dinero fresco, se les liquidaría cerca de un 20% de la deuda; ese es el porcentaje que se maneja en la interna por el Steering Committee de BancoEstado.
Hasta el 7 de enero los opositores del plan de reorganización pueden enviar sus objeciones a la Corte en EEUU.
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A BancoEstado es posible que se le sume el Comité de Acreedores No Garantizados (UCC, su sigla en inglés), representados por el abogado Allan Brilliant, quien argumentó en la audiencia de este martes que “el plan es un trato muy rico para los accionistas internos”, criticando que la propuesta de Latam establece un aumento de capital por US$ 800 millones, y donde la familia Cueto, Qatar Airways y Delta Air Lines tienen derecho de suscripción preferente, de acuerdo a la ley chilena de sociedades anónimas.
Prioridades de pago
El Código de Quiebras de Estados Unidos establece cinco formas de tratamiento de reclamaciones de deuda. Primero están las garantizadas, y las conforman aquellos acreedores que tienen líneas de crédito, hipotecas o bonos respaldados. En el caso de Latam, serían los bancos o instituciones que les prestaron financiamiento para aviones o el pago de sueldos.
En segundo orden están las reclamaciones administrativas, que son por bienes y servicios posteriores a la solicitud de quiebras y que fueron proporcionados al patrimonio del deudor.
Luego están las de “prioridad”, que son reclamaciones no garantizadas, pero con preferencia; por ejemplo, impuestos, salarios de empleados y que normalmente también se pagan íntegramente.
En cuarto lugar están las reclamaciones no garantizadas ni prioritarias. Aquí entra la categoría que le corresponde a los representados por BancoEstado, porque se trata de los bonos no garantizados, reclamaciones de litigio y pagos a proveedores comerciales, entre otros.
Y al final, están los reclamos a cuenta de valores de capital de deudor o reclamos subordinados equitativamente por el tribunal.
Evercore: el círculo de los 12
El 71% de los acreedores que respalda el plan de Latam, el llamado grupo “Evercore”, lo componen 41 fondos de inversión que se aseguraron encabezar la fila de pagos.
De acuerdo a la ley norteamericana están en la línea de los secured claims o reclamaciones con garantía. Fueron justamente ellos quienes en las negociaciones de Latam Airlines corrieron con ventaja.
En total son 12 administradores de fondos: los más reconocidos son Sixth Street, Strategic Value Partners y Sculptor Capital.
Pero, en el desglose, la primera gestora -que lideró las conversaciones con la aerolínea- la componen cinco entidades: Lauca Investments; Sajama Investments; Conifer Finance; Redwood; Finance; y TAO Finance 3-A.
Otro fondo que destaca es Aurelius Capital Management, una firma con base en EEUU y dirigida por Mark Brodsky, un abogado ex Elliott Associates. En octubre de 2013, este fondo fue uno de los que intentó obligar al gobierno de Argentina a pagar US$ 1.300 millones, tras el impago del Estado en 2010.
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