El Servicio de Registro Civil e Identificación ordenó, en enero de este año, el cobro de la boleta de garantía, por $ 100 millones, a la firma china Aisino argumentando que ésta incumplió con las bases del polémico proceso de licitación de pasaportes y cédulas que se llevó a cabo en 2021 y que, en primera instancia, la había dado por ganadora.
A través de la Resolución Exenta N° 21 firmada por el director de dicho organismo, Sergio Mierzejewski, el servicio administrativo resolvió hacer efectiva la reclamación al constatar que existieron alteraciones en los anexos adjuntos y otras irregularidades al momento de presentar su oferta.
De acuerdo a las razones expuestas en el documento, el Registro Civil argumenta que "la oferta presentada por el oferente UTP Aisino no se ajustó a las exigencias estipuladas en las Bases Administrativas de Licitación", y apunta, además, a que la firma asiática eliminó requisitos técnicos exigidos, hizo correcciones manuales de la información contenida en certificaciones y otros errores en su propuesta.
Todo eso habría vulnerado el pacto de integridad al que están sujetos los participantes y habría propiciado la revocatoria del contrato que fue concedido a la compañía, lo que derivó en la readjudicación a la actual operadora, la francesa Idemia.
En este sentido, el organismo explica que, de acuerdo a las Bases de Licitación, "el servicio hará efectiva la garantía de seriedad de la oferta anterior adjudicado".
Y cita un dictamen emitido por la Contraloría General de la República, en el cual respalda dicha decisión ante la "presentación de antecedentes no fidedignos".
Todo esto ocurre luego de un proceso de licitación plagado de acusaciones e impugnaciones entre los actores participantes y a menos de un mes de que entre en vigencia el -también polémico- ajustes de precios de los documentos anunciados recientemente por la actual operadora del sistema.
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Un proceso complejo
Ya el Registro había decidido, en noviembre de 2021, dejar sin efecto la adjudicación del contrato otorgado justo un mes antes al consorcio chino.
En ese momento señaló que la decisión se tomó luego de solicitar una serie de antecedentes antes de firmar el convenio que debían ser revisados por inconsistencias.
La compañía respondió que aquello "era improcedente", no dando respuesta a las bases. "Las inconsistencias detectadas, no aclaradas por el adjudicatario, implican una vulneración al 'Pacto de Integridad' establecido en las Bases de Licitación", detalló entonces el Registro Civil.
El anuncio se dio, además, días después de que el gobierno de Estados Unidos alertara sobre los riesgos que existían para Chile si la compañía china se quedaba con la elaboración de los pasaportes y cédulas de identidad, por el manejo de datos privados.
En tanto, Aisino acusó eventuales "vicios en el proceso y presiones en la decisión informada por la autoridad", y la embajada del país asiático advirtió que la situación podría "suscitar preocupaciones sobre el entorno empresarial internacional en Chile".
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