A dos años y medio de iniciado el denominado Caso Pollos, el fin de la causa está cada vez más cerca. El presidente del Tribunal de Defensa de La Libre Competencia (TDLC), Tomás Menchaca, señaló a Diario Financiero tras la cuenta pública del lunes, que “estamos redactando la sentencia”, luego de haber entrado en estado de acuerdo a fines de abril.
Menchaca comentó que “el fallo es complejo, es una causa extensa, con una cantidad enorme de tomos -más de cien- que estamos estudiando. Entonces, no va a ser una cosa absolutamente rápida, pero debiera ser en los próximos meses”, añadiendo que sería entre julio y agosto y no más allá de esa fecha.
El caso se originó en noviembre de 2011, cuando la Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó un requerimiento contra Agrosuper, Don Pollo, Ariztía y la Asociación de Productores Avícolas de Chile (APA) por haber celebrado y ejecutado “un acuerdo entre competidores, consistente en limitar su producción, controlando la cantidad producida y ofrecida al mercado nacional, y asignarse cuotas en el mercado de producción y comercialización de dicho producto”, en coordinación con el gremio, dice el escrito.
El “cartel más grande”
A inicios de abril se realizó la audiencia pública del Caso Pollos, en la que el Fiscal Nacional Económico, Felipe Irarrázabal, exhibió evidencias y elementos probatorios que estaban previamente con reserva, como correos electrónicos enviados entre los principales ejecutivos de Agrosuper, Ariztía y Don Pollo.
El fiscal dijo en la audiencia que el caso se trataría del “cartel más grande que el sistema de libre competencia haya intentado desbaratar”, por lo mismo pidió al TDLC que ordene el cese del cartel, que se exija un cobro de al menos 30 mil UTA (unos
US$ 26,9 millones) para cada empresa y que se disuelva la Asociación de Productores Avícolas (APA).
La prueba más antigua del fiscal data de 1994, donde las empresas pactaron un documento de convenio, en el cual la principal norma básica es la “prohibición estricta de usar artificios que se traduzcan en la violación o distorsión de los precios de referencia convenidos”. Ese sería el punto inicial del cartel, que, a juicio del fiscal, comenzó como un cartel de precio.
Irarrázabal comentó en la audiencia que la misión que se atribuye la APA, que es realizar “una proyección de la demanda”, no es otra cosa que “un eufemismo que hacen los jugadores que tienen el 92% de mercado. Es una proyección autocumplida”. De esta manera, explicó que “las participaciones de mercado de estas empresas no han variado desde los noventa”.
Irarrázabal comentó que Andrés Gómez-Lobo, economista y actual ministro de Transporte y Telecomunicaciones, a quien se le encargó un estudio, estimó montos cercanos a US$ 1.500 millones en relación al efecto que habría producido ese cartel por el sobreprecio en la limitación de la producción.
Defensa
En dicha audiencia, las empresas se defendieron de las acusaciones. Felipe Vial, de la APA, indicó que “la FNE tiene conclusiones absolutamente distorsionadas, agregando que la fiscalía ignora del mercado a las importaciones y las exportaciones.
“La acusación de la FNE se funda en un puñado de mails”, disparó el abogado de Agrosuper, Luis Eduardo Toro, quien agregó que “más que mails, tiene que haber pruebas económicas y técnicas”. La defensa de Ariztía, encabezada por Álvaro Ortúzar, se preguntó “¿cómo pudo un cartel haber perjudicado a todos los consumidores y que nadie se haya dado cuenta?”. Por eso consideró la acusación “inverosímil.
Finalmente, Andrés Rioseco, que representa a Don Pollo, afirmó que “la Fiscalía no acreditó la participación de Don Pollo en un acuerdo de limitación de producción y asignación de cuotas”.
Las obligaciones de SMU
Tomás Menchaca también se refirió al fallo del mismo tribunal, que obliga a SMU a vender una serie de supermercados, el 40% de Montserrat y otros activos, como una unidad económica, lo que no ha sido fácil para la supermercadista controlada por Álvaro Saieh. Respecto de la posibilidad de modificarse, el presidente del TDLC señaló que "el tribunal dictó que una resolución que debe cumplirse. La única forma que se cambie es consultando al tribunal sobre la forma de cumplir la sentencia".
A ello agregó que el TDLC "sobre la base de nuevos antecedentes puede cambiar alguna decisión tomada".
En todo caso, sobre la posibilidad de extender el plazo para cumplir con la exigencia, Menchaca dijo que prefería no pronunciarse sobre qué es lo que podría o no pedirse al TDLC porque "las partes podrían pedir algo y el tribunal podrá decir si es procedente o no".
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