Alcaldes, diputados, expertos y hasta la propia ciudadanía han salido al paso tras la decisión de la Empresa de los Ferrocarriles del Estado (EFE) de postergar la licitación del tramo soterrado Lo Errázuriz-Alameda del tren Santiago-Melipilla, realizando un llamado a revertir la medida.
Sin embargo, el principal nudo que llevó a EFE a frenar el desarrollo sigue sin resolverse: la imposibilidad de dejar sin efecto el pago de derechos municipales por el uso de Bienes Nacionales de Uso Público.
Pero, ¿de cuánto dinero se está hablando? Hace algunas semanas, el presidente de EFE, Jorge Claude, puso una cifra sobre la mesa durante su participación en la Comisión de Obras Públicas de la Cámara de Diputados, instancia donde se discute un proyecto que busca eximirla de estos pagos.
Según explicó, si EFE tuviera que desembolsar la totalidad de los derechos municipales asociados a sus dos emblemáticos proyectos, Santiago-Melipilla y Santiago-Batuco, que en conjunto involucran a 13 comunas, el costo podría alcanzar unos US$ 800 millones.
Para poner esa cifra en perspectiva, ambos proyectos contemplan actualmente una inversión conjunta de unos US$ 2.840 millones. Es decir, los cobros municipales equivaldrían a cerca de un 30% de la inversión prevista.
“Esto nos obligaría muchas veces a reevaluar los proyectos para ver si siguen siendo rentables socialmente dado el incremento del costo”, detalló Claude en la instancia.
Los montos, eso sí, varían dependiendo de la comuna y de las obras que se ejecuten. Según una persona que participó en las mesas de conversación entre EFE y los municipios, solo en Estación Central -comuna por la que pasa parte del tramo soterrado- los derechos municipales ascenderían a cerca de US$ 60 millones.
¿La decisión correcta?
El expresidente de EFE durante el segundo gobierno de Sebastián Piñera, Pedro Pablo Errázuriz, sostuvo que no es posible calificar la determinación de la estatal como correcta o incorrecta sin conocer en detalle las conversaciones y antecedentes que tuvo a la vista el directorio.
Con todo, advirtió que la postergación “es una muy mala noticia, porque una parte muy importante del flujo total de pasajeros está en el tramo Lo Errázuriz-Alameda”.
El exdirectivo agregó que resulta “inaceptable” que los municipios soliciten un ingreso “excepcional y gigantesco” en el marco de una iniciativa que, precisamente, busca mejorar el transporte público y la calidad de vida de la población.
“El directorio tendrá que buscar una buena fórmula para solucionar esta situación, para que el financiamiento no sea complejo para el Estado”, enfatizó Errázuriz.
Una mirada similar tiene Eric Martin, quien presidió EFE durante el gobierno de Gabriel Boric. El exdirectivo coincidió en que la estatal debiera estar exenta de estos cobros, aunque planteó que, bajo las condiciones actuales, la empresa se encontraba limitada por el escenario que enfrentaba.
A su juicio, resulta urgente que EFE y los municipios alcancen acuerdos que permitan destrabar cuanto antes las obras, considerando los beneficios que tendría el proyecto: menores tiempos de viaje, una reducción del tráfico vehicular producto del traspaso de pasajeros al transporte ferroviario y una eventual mayor plusvalía en los territorios aledaños al trazado.
“Si uno mira a largo plazo, se da cuenta que el retorno social de este proyecto es altísimo por todos los beneficios que esto trae a la comunidad. Es necesario que el proyecto se realice en el menor tiempo posible, es necesario que EFE y los municipios revisen cuáles son las posibilidades y alternativas para darle un curso que garantice esta continuidad”, detalló Martin.
Una carta y un oficio
El domingo, ocho alcaldes de la Región Metropolitana manifestaron públicamente su rechazo a la postergación a través de una carta de opinión enviada a El Mercurio.
La misiva fue suscrita por los jefes comunales de Cerrillos, El Monte, Estación Central, Maipú, Melipilla, Padre Hurtado, Peñaflor y Talagante, todas comunas que forman parte del trazado del futuro tren.
En ella, los ediles manifestaron su “profunda preocupación por la decisión de EFE” y señalaron directamente que esta “debe revertirse”.
Respecto de los cobros municipales, los alcaldes aseguraron que existen alternativas para resolver el problema, recalcando que están disponibles para acordar mitigaciones razonables y facilitar la construcción del proyecto.
La carta no fue el único frente que se abrió para la estatal. Durante la mañana de este lunes, diputados de los distritos 8 y 14 presentaron un oficio dirigido a EFE, en el que advirtieron sobre los efectos que tendría la postergación.
En el documento, los parlamentarios solicitaron a la empresa entregar los antecedentes y fundamentos técnicos, financieros y administrativos que llevaron a postergar el tramo; y pidieron información respecto de los costos sociales asociados a la determinación y sus eventuales efectos en materia de empleo.
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Laura Guzmán
