Durante 45 días, Arauco Argentina, filial de la forestal chilena ligada a la familia Angelini, estuvo impedida de importar y exportar por un conflicto con la Aduana de Campana del vecino país, que le exigió el pago de impuestos correspondientes a operaciones realizadas entre 2007 y 2015. La prohibición, aplicada el 14 de julio y levantada el 28 de agosto, obligó a la compañía a detener su aserradero de Puerto Piray, en la provincia de Misiones, y abrió una disputa judicial que hoy vuelve a cobrar fuerza.
La prohibición se originó por cobros de US$ 8,16 millones de la Aduana de Campana, correspondientes a 5.375 liquidaciones. Otras cuatro aduanas exigieron US$ 8,15 millones adicionales, pero Arauco impugnó esos cobros administrativamente.
La compañía presentó un amparo el 7 de agosto y obtuvo una cautelar el día 20, lo que permitió rehabilitarla para importar y exportar. La medida tiene vigencia inicial hasta el 24 de noviembre, pero la Aduana apeló y solicitó levantarla el 4 de noviembre. Fuentes de la empresa aseguran que actualmente opera con normalidad y existe tranquilidad respecto del litigio.
“Progresivamente inviable”
La exposición comercial de la filial es relevante: en 2025, el 40,94% de los ingresos provino de exportaciones, alcanzando el 70,63% en celulosa y el 81,77% en aserraderos. Solo en junio de 2026 había exportado US$ 15,98 millones e importado US$ 3,94 millones.
En el amparo presentado el 7 de agosto, la compañía reconoció: “A la fecha, Arauco ha tenido que detener la operación del aserradero” de Puerto Piray, agregando que la prohibición “ya está produciendo un impacto directo en los trabajadores y sus familias, así como también en las de los proveedores que prestan servicios para esa industria”.
En ese mismo escrito, la defensa sostuvo que la imposibilidad de importar materias primas y exportar su producción comprometía la continuidad del negocio. En particular, advirtió que la situación derivaría en la “inminente y progresiva suspensión de su operatoria”, lo que obligaría a iniciar “la suspensión a empleados” y “posteriormente, su desvinculación ante la imposibilidad de sostener la estructura operativa si no puede producir y vender”. La compañía incluso sostuvo que “la actividad de Arauco se torna progresivamente inviable”.
El bloqueo también amenazó sus relaciones comerciales: el 22 de julio, Kenvue Brasil anunció que trasladaría pedidos a otro proveedor. Solo en junio, Arauco había registrado 19 exportaciones a ese cliente por US$ 378 mil.
Pero el problema no estaba solo en las exportaciones. Arauco explicó que su producción de tableros dependía del papel melamínico que importaba, para el que no tenía proveedores locales. Según la empresa, la falta de abastecimiento ponía en riesgo incluso sus ventas dentro de Argentina.
En ese sentido, la inhabilitación coincidió con un deterioro de las ventas de sus operaciones argentinas. Según los estados financieros de septiembre, los ingresos en ese país cayeron 10,8% en el tercer trimestre, desde US$ 140,8 millones a US$ 125,6 millones. Esto, en contraste con el primer semestre, cuando habían aumentado 2,9%, hasta US$ 272,5 millones.
El origen de la disputa
El conflicto comenzó en marzo de 2005, cuando Argentina suspendió preventivamente una exención de impuestos a las exportaciones de Arauco bajo la Ley 25.080, mientras se revisaban antecedentes administrativos de sus proyectos forestales.
La empresa recurrió a la Justicia y, tras apelar un primer rechazo, obtuvo el 8 de noviembre de 2006 una medida cautelar que le permitió seguir exportando sin pagar esos impuestos mientras duraba el juicio, pero dejando una garantía para cubrirlos si perdía.
Sin embargo, el 28 de octubre de 2019, la Justicia rechazó su demanda. Arauco apeló, pero la Cámara Nacional de Apelaciones confirmó la decisión el 14 de junio de 2022. Finalmente, el 13 de junio de 2024, la Corte Suprema argentina declaró inadmisibles sus recursos y dejó firme el fallo.
Con ese resultado, la Aduana de Campana exigió el pago de impuestos por exportaciones realizadas entre 2007 y 2015 y el 14 de julio de 2026 inhabilitó a la empresa para importar y exportar. Arauco presentó un amparo el 7 de agosto, argumentando que Campana debía permitirle reclamar los cobros antes de exigir su pago, como hicieron las otras cuatro aduanas, en lugar de bloquear sus operaciones comerciales.
La ofensiva
La Aduana de Campana no se quedó ahí. El 26 de agosto, apeló a la cautelar, pero el recurso sigue sin resolución. Luego, el 22 de octubre, la autoridad forestal argentina abrió un sumario contra Arauco por presuntas infracciones a la Ley 25.080.
En un escrito del 29 de octubre, los abogados de Arauco cuestionaron que la investigación se iniciara después de la inhabilitación: “Tal coincidencia temporal no es más que el intento de dotar –ex post– de fundamento a medidas que la Aduana dispuso arbitrariamente”. La empresa sostuvo que cuando se bloquearon sus operaciones todavía no existía un procedimiento sancionatorio forestal.
El 4 de noviembre, la Aduana solicitó levantar la cautelar y continuar con el cobro de impuestos, presentando antecedentes de la autoridad forestal que ratificaban la suspensión de la exención tributaria y sumaban el nuevo sumario. Dos días después, el juez dio a Arauco tres días para responder, sin resolver todavía la solicitud. El proceso sigue abierto cuando se aproxima el vencimiento inicial de la cautelar, fijado para el 24 de noviembre.
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