La Fiscalía Nacional Económica (FNE) presentó ante el Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) un requerimiento por colusión contra tres empresas de helicópteros para el combate y extinción de incendios forestales y contra dos ejecutivos que facilitaron la coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos.
Se trata de las empresas Calquín, Inaer y Pegasus South America Servicios Integrales de Aviación (ex Faasa), y de dos de sus principales ejecutivos: Ricardo Pacheco y Rodrigo Lizasoaín, vinculados a Faasa, el primero, y a Inaer y Calquín, el segundo.
Esta es la primera vez que la FNE acusa directamente a personas naturales en un caso y establece cuánto debería ser la multa en caso de ganar.
La acusación indica que las empresas y personas celebraron y ejecutaron acuerdos que afectaron el resultado de diversos procesos de licitación públicos y privados en el mercado nacional de procesos de contratación planificada de servicios de combate y extinción de incendios forestales mediante helicópteros. Esto les permitió obtener cerca del 60% del sector, con contratos que incluyen a Corfo, Arauco, CMPC, entre otras compañías.
Por esta conducta, la FNE solicita al TDLC que aplique multas por 10.400 Unidades Tributarias Anuales (UTA), que equivalen a poco más de $ 6.240 millones. Este total se distribuye en 6.000 UTA para Faasa, 3.000 UTA para Inaer, 1.100 UTA para Calquín. Además, también se solicitó 150 UTA (US$ 100.000) para cada uno de los ejecutivos acusados.
"Estas compañías se adjudicaron contratos planificados en el periodo 2006-2015 por una cuantía que, solo en su componente garantizado, supera los US$ 40 millones", dice el requerimiento de la FNE.
Proceso de investigación
Esta investigación comenzó en septiembre del 2017, como una arista del caso denominado "el cartel de fuego", donde se acusó por colusión a Faasa en el mercado de combate y extinción de incendios forestales mediante aviones cisterna durante las temporadas comprendidas entre los años 2009 y 2015.
A partir de diversas diligencias de investigación, incluyendo allanamientos en las oficinas de Calquín -firma comprada por Faasa en 2015- y Habock, la FNE sostiene la existencia de dos acuerdos en este mercado.
En el primero de ellos participaron Faasa e Inaer entre los años 2006 y 2013 y consistió en la afectación de distintos procesos de licitaciones mediante la distribución de sus ofertas bajo un criterio geográfico y determinación de los tipos de helicópteros, entre otros mecanismos.
Tales conductas configuraron un acuerdo único y continuo, a través del cual las partes sustituyeron la incertidumbre propia del proceso competitivo por la cooperación en su actuar en el mercado.
La investigación demostraría también cómo los principales ejecutivos en Chile de estas compañías facilitaron la coordinación anticompetitiva y la ejecución de los acuerdos.
Así, por ejemplo, entre la evidencia se encuentra un cuaderno de notas incautado desde la oficina de Ricardo Pacheco, quien en el período se desempeñó como gerente de operaciones y gerente general de Faasa, que contiene anotaciones manuscritas que indican la existencia de una planificación para efectos de repartir la provisión de distintas regiones del país entre las empresas participantes de una licitación.
En el segundo acuerdo, que afectó un proceso de contratación convocado por Conaf en 2014, participaron Faasa y Calquín, también a través de sus ejecutivos: Pacheco, en el caso de Faasa, y Rodrigo Lizasoaín, quien en el período era el principal ejecutivo de Calquín, tras haber ocupado el cargo de gerente general en Inaer entre 2006 y 2013.
En este caso, la FNE detectó evidencia de múltiples contactos sostenidos entre la fecha de apertura y cierre de presentación de ofertas, mediante los cuales Faasa y Calquín diseñaron una estrategia común a implementar en sus postulaciones.
Cabe destacar que las tres empresas son de capitales españoles y que, su forma de operar les permite tener precios altamente competitivos frente a otras firmas. Esto, porque la estaciones de incendio en España y Chile no se cruzan, entonces sus unidades podían ser utilizadas los doce meses del año, lo que baja los costos de operación.
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