Pescadores Industriales cuestiona recorte presupuestario a Sernapesca y advierte impacto en control de la pesca ilegal
Desde el gremio calificaron como un "contrasentido" la rebaja de $ 508 millones contemplada para 2027, señalando que pone en riesgo la certificación de desembarques y debilita el combate contra una economía ilícita que factura US$ 430 millones anuales.
Por: Carolina Vilches S. corresponsal Zona Sur
Publicado: Jueves 19 de noviembre de 2026 a las 10:25 hrs.
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“Reducir presupuesto de las labores de fiscalización, control y certificación nos parece que es un contrasentido”, advierte la presidenta de Pescadores Industriales del Biobío, Macarena Cepeda, tras conocerse que el proyecto de Ley de Presupuesto 2027 rebajaría $ 508 millones en partidas del Servicio Nacional de Pesca y Acuicultura (Sernapesca). Desde el gremio, instaron al Ejecutivo a reconsiderar la medida, pues debilita el combate contra la pesca ilegal.
La alerta sobre la rebaja en la glosa para el servicio fue levantada por la Asociación de Funcionarios de Sernapesca mediante una minuta enviada a parlamentarios, donde advirtieron que la medida afecta recursos esenciales para el despliegue en terreno, como combustible, mantención de vehículos y actualización tecnológica. Según publicaciones de prensa, los recortes se concentran en bienes y servicios (-7,82%) y adquisición de activos no financieros (-3,42%). A ellos, se suma la merma de $ 2.824 millones en programas de apoyo a la pesca artesanal dependientes de Indespa.
Fiscalizaciones en riesgo
En julio de este año, la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), publicó un informe sobre las economías ilegales, donde la pesca ocupa el segundo lugar, con facturaciones anuales por US$ 430 millones, con una evasión tributaria cercana a los US$ 50 millones.
Con esos datos, desde la industria enfatizan que la disminución de recursos fiscales ocurre en un escenario complejo en materia de seguridad y control en la Región del Biobío, donde se concentra 20% de los envíos pesqueros internacionales del país y la actividad genera 6.500 empleos directos y otros 6 mil indirectos.
Para Macarena Cepeda el recorte va más allá de las labores de fiscalización, pues coincide con las nuevas exigencias legales asociadas al fraccionamiento pesquero. “En el caso de la merluza común se agregó la necesidad y la obligación, por parte del Servicio Nacional de Pesca, de certificar el 100% los desembarques artesanales. Hoy día lo que plantea la Asociación de Funcionarios de Sernapesca es que esta fiscalización estaría en riesgo”, explica a DF Regiones.
A su juicio, la falta de equipos operativos y herramientas tecnológicas impide monitorear las caletas y rutas donde operan las bandas de crimen organizado, orientadas a la captura ilícita de recursos como la merluza común, que extraen entre dos y cuatro veces la cuota nacional.
“El Estado de Chile debería robustecer su capacidad fiscalizadora en materia tecnológica, en recursos humanos y en mayor fiscalización. Vemos que estas medidas asociadas a la reducción presupuestaria van en el sentido contrario”, agrega.
Contención de delitos
Aunque el Ministerio de Economía ha defendido la disminución de recursos, asegurando que no reducirá las capacidades de control, y que se priorizará el arriendo y mejora de la flota existente, la industria insiste en que debilitar los organismos fiscalizadores daña la viabilidad del sector formal y la reputación internacional de Chile, que administra el 66% de la cuota mundial de jurel.
“El sector pesquero requiere de mayor fiscalización, siendo conscientes de que existe un nivel de pesca ilegal que lo amerita, y es un país que necesita robustecer su investigación porque cuenta con recursos pesqueros como el jurel, que hoy día es la principal pesquería de Chile”, concluyó.
Asimismo, recalca que la labor de organismos como la Red Sustenta, que coordina a Sernapesca con el Servicio de Impuestos Internos, la Armada y Carabineros, requiere respaldo financiero continuo para contener delitos que ya golpean los precios en origen de la pesca artesanal formal y exponen a las tripulaciones a abordajes armados en alta mar.
“Cuando vemos que hay reducciones presupuestarias que atentan contra la sostenibilidad de los recursos y que eso puede dañar la actividad formal, por supuesto que nos preocupa y creemos que el gobierno debiera reconsiderar esas reducciones para no afectar la competitividad del sector y también la viabilidad futura de este”, detalla Cepeda.
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