Este jueves, el Presidente Gabriel Boric llegó hasta Quintay para anunciar que se ingresará al Congreso la nueva Ley de Pesca.
“La actual Ley de Pesca no tiene legitimidad y no tiene los estándares democráticos y de probidad (...) pese a que hubo quienes de buena fe la tramitaron, hubo otros que durante su tramitación pusieron intereses privados por sobre los intereses comunes y dejó en evidencia acciones de cohecho y tráfico de influencia inaceptables en democracia”, dijo el mandatario.
Durante el último año, el Ejecutivo realizó un proceso de diálogos liderado por el subsecretario de Pesca, Julio Salas, que constó de más de 160 encuentros con el sector artesanal y otros 10 con el industrial.
Uno de los principales cambios a los que apunta la nueva normativa es a redefinir el fraccionamiento de los recursos pesqueros entre artesanales e industriales, de acuerdo a “criterios científicos y de equidad interregional e intrarregional”.
En concreto, esto significa aumentar de un 15% a un 50% el porcentaje de recursos que se le asignan al sector industrial mediante licitaciones públicas, pero bajando de un 85% a un 50% el que se le asigna mediante criterios históricos de captura.
Por otro lado, también modifica la duración de las licencias que se asignan por criterios históricos (LTP-A). Estas licencias actualmente tienen una duración de 20 años y el Gobierno propone que esto se disminuya a la mitad, lo que, argumenta, “abre espacio al dinamismo”.
Los otros ejes que plantea la ley son el desarrollo sostenible de la actividad; equidad del sector pesquero; enfoque científico-técnico; combate a la pesca ilegal; seguridad alimentaria; y modernización de la regulación.
Molestia de la industria
Los gremios industriales no se mostraron contentos con la manera en cómo se gestó la normativa y por no haber sido invitados a la presentación del proyecto.
La Sociedad Nacional de Pesca (Sonapesca) dijo aún no conocer el contenido real de la propuesta y lamentó que “se perdió la oportunidad de un diálogo mayor (...). Creemos que el proyecto debería contener reglas claras de largo plazo para asegurar certeza jurídica que permita la inversión, innovación y robustecimiento del ecosistema pesquero económico y social de la pesca”.
Su gerente general, Héctor Bacigalupo, sostuvo que “hoy se requiere de un diálogo franco que mire a Chile, con antecedentes científicos y sin ideas preconcebidas”.
En tanto, los Pescadores Industriales del Biobío, dijeron estar “desconcertados” por lo ocurrido en Quintay. “Nadie del sector pesquero industrial del país fue invitado a la actividad de esta mañana, descortesía que interpretamos como una señal para invisibilizar y estigmatizar a nuestro sector”, acusó Macarena Cepeda, presidenta de la asociación.
“Creemos que es incomprensible que ningún representante de nuestro sector haya sido considerado para asistir en igualdad de condiciones y oportunidades con el sector artesanal. Esta ley regirá al sector en su conjunto, por lo que simplemente pedimos un trato justo”, dijo la dirigenta.
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