El empresario ecuatoriano-chileno Gabriel Massuh, propietario del mayor importador de plátanos del país, Bagno, tiene intenciones de ingresar a la propiedad de la Clínica Las Condes (CLC) como parte de una sociedad que ofertó US$ 60 millones por el control de la empresa.
Sin embargo, Massuh ha tenido otras novedades, ya que en diciembre conoció la primera sentencia de un caso tributario que disputa con el Servicio de Impuestos Internos (SII) desde 2019. Y le fue favorable.
Ese año, la entidad, que en ese entonces era dirigida por Fernando Barraza, ingresó una querella penal en contra del importador, acusándolo de haber declarado 515 facturas falsas vinculadas a 28 “supuestos proveedores”, quienes “no realizaron las operaciones que éstas consignan, aumentando de forma indebida los Créditos Fiscales IVA que tenía derecho a hacer valer”.
En su escrito, ingresado al 10° Juzgado de Garantía de Santiago, el SII acusó un perjuicio fiscal que, a marzo de 2019, habría superado los $2.543 millones. En paralelo, el Servicio también ordenó una serie de liquidaciones en contra de Comercializadora de Frutas Central, sociedad ligada a Massuh y Bagno.
Avances del caso
Asesorado por el estudio de abogados Villarroel, Lecaros y Aste, el empresario acudió al Tribunal Tributario y Aduanero (TTA) de la Región Metropolitana, con una reclamación para anular las liquidaciones cursadas por el SII.
Massuh acusó una serie de irregularidades en cómo se había efectuado este procedimiento, pero además, apuntó al fondo de la arremetida del SII, es decir, la falsedad de las facturas. El empresario argumentó que, por la naturaleza del negocio, a veces se ve obligado a adquirir productos de parte de intermediarios o pequeños comerciantes para cumplir con las obligaciones pactadas con sus clientes, particularmente en el mercado de Lo Valledor.
Así, planteó que “ha sido el propio ente fiscal quien ha reconocido que la informalidad con la que se opera” en ese mercado “hace difícil acreditar materialmente una operación”. De este modo, señaló que las facturas no eran falsas y que las transacciones cuestionadas sí estaban registradas en los inventarios y que sí se habían llevado a cabo.
El TTA falló a favor de Massuh y anuló las liquidaciones, pero descartó pronunciarse sobre el fondo del asunto. Sus argumentos en la sentencia respondieron a “los graves yerros y omisiones incurridos por el ente fiscal, al momento de emitir las Liquidaciones recurridas”, que transgredieron “los derechos del contribuyente”. El Tribunal aludió a citaciones realizadas fuera de plazo, falta de fundamentación e imprecisiones en la base de cálculo para imputar el IVA, entre otros, pero omitió hacer un juicio respecto a la veracidad de las facturas.
En la causa penal, en tanto, el proceso está estancado. En 2021, un informe de la PDI determinó que de las 515 facturas imputadas, solo se pudo establecer fehacientemente la falsedad material o ideológica de 20 de ellas. Sin embargo, apuntó a que Bagno pudo haber hecho esas compras de manera regular y legal y haber recibido, como comprobante, una factura falsificada de parte de los proveedores. Tras la entrega de ese informe, se solicitó una ampliación del mismo, pero tres años después, aún no se ha realizado.
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