El conflicto por un negocio de cerezas entre Barón Export y Agrícola Potrero Grande (APG), vinculada a Ricardo Duch y Cristián Heinsohn, sumó un nuevo capítulo. El arbitraje que enfrenta a las partes permanece suspendido por una decisión del Tribunal Constitucional (TC), mientras la exportadora enfrenta cobros de bancos y proveedores por acreencias estimadas en unos US$ 2,5 millones.
Barón, ligada a Eduardo Espinosa, reclama $ 4.302 millones a Agrícola Potrero Grande e Inmobiliaria Potrero Grande. Sostiene que la agrícola debe devolver recursos adelantados para financiar la operación y responder por incumplimientos del contrato. APG, en cambio, cuestiona las cuentas de la comercialización de su fruta y también exige una indemnización.
La disputa, conocida públicamente en abril, suma así un frente constitucional a las demandas y querellas cruzadas. Duch es conocido por haber sido socio fundador de la matriz de Doggis.
El negocio
El acuerdo fue firmado en junio de 2024. APG comprometió su producción de cerezas por siete temporadas y Barón debía exportarla y venderla. En China, la comercialización estaría a cargo de Mor Fruit, representada por Westly Travis Morán.
El quiebre apareció después de las ventas de la temporada 2024-2025. Según Barón, los resultados negativos obligaban a la agrícola a devolver parte de los anticipos recibidos. APG objetó esos resultados y sus respaldos, además de los precios informados, que consideró inferiores a otras referencias de mercado.
En su demanda arbitral, presentada en noviembre de 2025, la exportadora pidió recuperar US$ 1,88 millones —equivalentes entonces a $1.752 millones— por anticipos y el saldo negativo de la operación. A ello agregó $ 2.550 millones por perjuicios, principalmente ganancias que sostiene que dejó de recibir.
Barón también acusa que APG dejó de entregarle fruta pese a la vigencia del contrato y pasó a operar con otra exportadora. La agrícola sostiene que su contraparte había incumplido sus obligaciones y cuestiona la rendición de las ventas. Mantiene un arbitraje contra Barón por aproximadamente US$ 900 mil y querellas relacionadas con el conflicto.
La disputa incluye, además, el patrimonio con el cual se podría responder a un eventual fallo. Barón acusa que la división de APG y el traslado del predio a Inmobiliaria Potrero Grande dificultaron el cobro. Esa es su alegación y explica por qué dirigió su demanda contra ambas sociedades; no corresponde a una conclusión judicial sobre la operación.
Por qué intervino el TC
El paso por el Tribunal Constitucional está relacionado con una diligencia para que Duch respondiera preguntas como representante de APG. En términos simples, la discusión involucra normas que permiten dar por reconocidos determinados hechos cuando una parte no comparece a declarar bajo ciertas condiciones.
APG recurrió al TC para cuestionar la aplicación de esas reglas en el arbitraje. El incidente no busca resolver cuánto se obtuvo por las cerezas ni quién debe devolver dinero: aborda las consecuencias procesales de esa declaración y de la falta de comparecencia.
Según la cronología del caso, el 7 de julio se hizo efectivo el apercibimiento de tener a Duch por confeso de ciertos hechos. Sin embargo, el 14 de julio se suspendieron sus efectos y se lo citó nuevamente. Por eso, esa primera decisión no puede interpretarse como un reconocimiento definitivo de las acusaciones de Barón.
El 28 de julio, el TC ordenó suspender el arbitraje. Barón pidió al día siguiente que la paralización se limitara a la declaración y sus efectos, permitiendo avanzar en las demás etapas.
Su abogado, Álvaro Jofré, sostuvo que detener todo el procedimiento excedía lo necesario para resolver la controversia constitucional y perjudicaba económicamente a la exportadora. En una presentación posterior propuso que el juicio avanzara, sin dictarse sentencia definitiva antes del pronunciamiento del TC.
El 5 de agosto, la segunda sala rechazó acotar la suspensión. El arbitraje continúa congelado, sin una resolución que determine quién tiene razón en el conflicto comercial.
Los cobros y otros reclamantes
En paralelo, Barón enfrenta causas de cobro de Banco BICE, por US$ 150 mil; Santander, por $ 200 millones; Las Yungas, por $ 37,1 millones; Agrícola y Frutera Curacaví, por $ 1.434,6 millones; e Innpack, por $ 461,9 millones.
Las acreencias suman $ 2.133,6 millones más US$ 150 mil. En sus escritos ante el TC, Barón vinculó su presión financiera al dinero que reclama a APG. Algunas causas de cobro, sin embargo, comenzaron en 2025, antes de la suspensión del arbitraje.
Existen también otras controversias. El importador chino Faiki reclama unos US$ 1,2 millones mediante acciones civiles y penales por anticipos y recursos de una cobertura de transporte. Barón pidió rechazar su demanda civil: cuestionó el contrato y los pagos invocados, y atribuyó la pérdida de cinco contenedores a una avería del buque Maersk Saltoro, ajena, según su defensa, a su responsabilidad.
Por separado, Pompeia, Alcántara e Isopi presentaron querellas contra Morán, con reclamaciones por US$ 1,5 millones, US$ 1,6 millones y US$ 300 mil, respectivamente. Estas se relacionan con pagos y liquidaciones cuestionadas y son distintas del arbitraje entre Barón y APG.
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Magdalena Espinosa
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