Solicitudes de parcelaciones se desploman 80% desde su peak, mientras proyecto para regularlas sigue entrampado
En el primer semestre, el SAG registró una nueva caída de 49% en los ingresos de loteos a tramitación. El ministro de Agricultura señala que la prioridad de la cartera es el resguardo del suelo productivo.
Por: Laura Guzmán
Publicado: Lunes 28 de septiembre de 2026 a las 04:00 hrs.
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El instructivo impulsado en 2022 por el exministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, para endurecer los criterios con que el Servicio Agrícola y Ganadero (SAG) autoriza las subdivisiones de predios rurales sigue mostrando efectos: las solicitudes para subdividir predios rurales acumularon ocho semestres consecutivos de caída al cierre de junio. Durante el primer semestre, el SAG recibió 2.345 solicitudes, un 49% menos que en igual período del año anterior.
La distancia es todavía mayor si se mira el momento de mayor actividad. En el primer semestre de 2022 -el último periodo antes de la entrada en vigencia del instructivo- se contabilizaron 12.032 solicitudes de subdivisión predial. Es decir, actualmente se presentan un 80,5% menos de solicitudes que entonces.
Cabe recordar que las cifras no incluyen las subdivisiones realizadas en la Región Metropolitana, cuyos trámites no están a cargo del SAG.
Para el gerente del área agrícola de GPS Property, Osvaldo Errázuriz, la caída responde a una combinación de factores y no a una única causa. Entre ellos, apuntó a un escenario regulatorio y de tramitación más exigente, que ha llevado a las personas a ser más selectivas al momento de evaluar los proyectos. “No diría que el interés por las parcelas rurales haya desaparecido ni que la subdivisión haya dejado de ser una alternativa atractiva. Lo que sí observamos es que hoy el mercado diferencia mucho más”, sostuvo.
Hacia adelante, el ejecutivo estimó que, después de una caída de esta magnitud, es razonable pensar que la actividad comience a estabilizarse, aunque en niveles distintos a los observados durante los años de mayor dinamismo.
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¿Y el proyecto de ley?
Mientras las solicitudes continúan cayendo, la discusión legislativa que busca regular de manera permanente las parcelaciones rurales prácticamente no se ha movido.
En julio de 2024, el Gobierno ingresó al Congreso un proyecto de ley que contempla una serie de modificaciones a la Ley General de Urbanismo y Construcciones, con el objetivo de regular el crecimiento no planificado de las áreas rurales y preservar suelos agrícolas.
Sin embargo, a más de dos años de su ingreso a la Comisión de Agricultura de la Cámara de Diputados, la iniciativa permanece en el mismo punto en que fue presentada.
Ante este escenario, la presidenta de la comisión, Natalia Romero (Ind., bancada UDI), llamó al Gobierno a retomar la discusión, aunque advirtió que se requieren “cambios sustanciales”. La diputada sostuvo que el Ejecutivo tiene la obligación de presentar las indicaciones necesarias o, “derechamente, un proyecto nuevo, para que esta discusión avance con la seriedad que amerita”.
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Entre las alternativas que se han planteado en la comisión está evaluar la creación de una franja de transición entre los límites urbano y rural, en la que puedan desarrollarse parcelaciones bajo determinados resguardos, en terrenos aptos y que no tengan un origen exclusivamente agrícola.

La apuesta del Gobierno
Consultado, el ministro de Agricultura, Jaime Campos, explicó que la prioridad de la cartera es proteger el suelo agrícola y procurar que la mayor cantidad posible del territorio se mantenga destinado a la producción.
“Porque cuando un suelo agrícola termina siendo utilizado con fines habitacionales nunca más vuelve a ser productivo. Ese es el criterio que tenemos que poner por delante. Yo soy ministro de Agricultura, no ministro de las inmobiliarias, y mi responsabilidad es justamente resguardar esos suelos”, afirmó.
Respecto del futuro del proyecto, Campos señaló que su posición es trabajar sobre la iniciativa existente y que actualmente se encuentran conversando con Vivienda y Segpres para definir el camino a seguir y evaluar las indicaciones.
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Entre las materias que considera relevantes, destaca mantener la participación del SAG en el proceso y lograr distinguir de manera efectiva entre aquellas subdivisiones que tienen un propósito agrícola y las que terminan con uso habitacional.
“Tampoco estamos hablando de prohibir las subdivisiones rurales. Entendemos que hay situaciones en que un propietario necesita subdividir una parte de su campo, y eso ha ocurrido siempre. Lo que queremos evitar es que, por esa vía, terminemos perdiendo nuestros mejores suelos productivos”, concluyó.
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