Tribunal Ambiental rechaza demanda contra Agrícola Los Tilos, pero ordena evaluación ambiental de plantel en Talagante
A pesar de que desestimó la demanda por daño ambiental contra dos establecimientos de la compañía, la corte detectó deficiencias operacionales en el establecimiento Santa Mariana y le ordenó ingresar al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental en un máximo de 12 meses.
Por: Italo Sciaraffia
Publicado: Jueves 15 de octubre de 2026 a las 11:27 hrs.
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El Segundo Tribunal Ambiental rechazó una demanda por daño ambiental presentada contra Sociedad Agrícola Los Tilos Limitada, ligada a la familia Correa, por la operación de dos planteles de crianza y engorda de animales ubicados en las comunas de Isla de Maipo y Talagante, en la Región Metropolitana. Sin embargo, la corte ordenó que el plantel Santa Mariana, en Talagante, ingrese al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) en un plazo máximo de 12 meses.
Entre las medidas cautelares está la obligación de reportar información sobre los pabellones de crianza y engorda, el tratamiento de residuos y el uso de purines en el riego de cultivos. Además, mientras el establecimiento no obtenga su Resolución de Calificación Ambiental (RCA), la empresa no podrá aumentar la cantidad de animales en el predio.
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El tribunal concluyó que no existían pruebas suficientes para acreditar daño ambiental en el aire, agua y suelo producto de las operaciones de los planteles. Sin embargo, en una inspección hecha en junio del año pasado al Santa Mariana, encontraron fallas en el sistema de ventilación, deficiencias en el traslado de purines hacia las instalaciones de tratamiento y falta de registros para controlar los procesos; falencias que, según el fallo del tribunal, “generan un riesgo previsible para el entorno y la salud de las personas”.
Respecto del plantel Las Pircas, en Isla de Maipo, el tribunal consideró poco probable que sus operaciones afectarán a la parcelación demandante debido a la distancia entre ambos predios y las condiciones del terreno.
El conflicto empezó en julio de 2024, cuando la Junta de Vigilancia Parcelación Doña Esther presentó una demanda contra ambos establecimientos, acusando malos olores, contaminación de suelos y cursos de agua. Las partes intentaron alcanzar un acuerdo de conciliación, pero las negociaciones fracasaron en enero de 2025.
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