Un duro golpe para la Inmobiliaria Nueva El Golf, ligada a Pablo Letelier y Jaime Gana. El alcalde de Las Condes, Joaquín Lavín, decretó la invalidación del permiso de edificación del proyecto Vespucio 345, que considera la construcción de dos edificios de 19 y 12 pisos en Renato Sánchez esquina A. Vespucio, con una inversión de US$ 100 millones.
El conflicto se centra en que la superficie del predio del proyecto contaría con menos de 7.500 m2, situación que implicaría una menor constructibilidad. Ante el reclamo de un grupo de vecinos, la iniciativa se mantiene paralizada. Y Lavín le puso la lápida.
El miércoles, y al límite de los dos años que tenía el municipio para ordenar la nulidad del permiso, el alcalde Lavín firmó un decretó en que se invalidó la autorización para desarrollar la obra, la que había sido otorgada el 21 de marzo de 2016. El proyecto ya tiene un importando estado de avance, habiéndose construido todos los pisos contemplados bajo tierra.
"Existen diversos antecedentes que indican que la superficie total del inmueble es inferior a 7.500 m2, en disconformidad con el permiso de edificación número 31 de 2016, y no sólo el informe del Idiem, los cuales fueron realizados por distintos profesionales, a través de diversos sistemas técnicos", dice el decreto firmado por Lavín con fecha 21 de marzo de 2018. "Invalídese el permiso de edificación", añadió el documento.
"Esta es la primera vez que se anula un permiso de edificación en Las Condes", sostuvo Lavín.
El abogado de la inmobiliaria, Jorge Bofill, dijo que "el alcalde no es una autoridad competente para anular" un permiso. "Este es un procedimiento viciado. Lavín nunca tuvo una posición de imparcialidad. Ahora estamos estudiando qué hacer", añadió el jurista.
¿Está entre las alternativas presentar un nuevo proyecto? "Teoricamente sí, pero no es una decisión tomada ni muchos menos", dijo.
A su juicio, con la decisión del municipio el negocio inmobiliario "pasa a ser de alto riesgo", lo que "podría generar un remezón en la industria".
No obstante, Lavín es categórico: "La mejor certeza jurídica es que, cuando se presenten los proyectos de edificación, las mediciones de los terrenos sean los correctas".
El abogado de los vecinos, Alberto Dalgalarrando H., dijo que "ya no es posible falsear hechos al solicitar permisos y se debe considerar a la comunidad afectada".
Origen de la disputa
Fue en 2016 cuando el municipio liderado por Lavín autorizó la construcción de los dos edificios. La inmobiliaria presentó a la Dirección de Obras Municipales (DOM) planos según los cuales el paño tenía una superficie superior a los 7.500 m2.
No obstante, un grupo de vecinos que se oponen a la obra -asesorados por el estudio de abogados Dalgalarrando, Romero y Cía- encargó otro peritaje que sostiene que el predio tiene 7.412 m2, lo que reduce considerablemente las alturas y la contructibilidad del proyecto.
Los vecinos presentaron ante la Corte de Apelaciones un recurso de ilegalidad, mientras la defensa de la inmobiliaria fue de protección en contra del municipio que inició el proceso de invalidación del mentado permiso. Este proceso judicial se encuentra en acuerdo.
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