Hasta Teatinos 56 arribó cerca del mediodía de este jueves el presidente de la Cámara Chilena de la Construcción (CChC), Patricio Donoso, junto a Bernardo Echeverría y Francisco Javier Rivera –consejeros del gremio- para sentarse a conversar con el contralor Jorge Bermúdez, a raíz de la serie de dictámenes que han sido vistos con preocupación por la industria.
En la reunión, que duró poco más de una hora, le plantearon sus inquietudes a Bermúdez, específicamente por la creciente incertidumbre en torno al desarrollo de proyectos inmobiliarios.
"Planteamos nuestro respeto por la institucionalidad de la Contraloría, pero también nuestras preocupaciones, de cómo distintos actos están afectando lo que para nosotros es fundamental en el desarrollo de nuestra industria, que es la certeza jurídica", señaló Donoso.
Y agregó que "no son soluciones de corto plazo que dependen exclusivamente ni de la Contraloría ni de nosotros (...) hay distintos actores involucrados, hay municipios, otras organizaciones gremiales y el ministerio, y está tanto la Contraloría como nosotros trabajando con ellos. Esperamos que esto se resuelva pronto y todos los actores entiendan la importancia de que si hay dudas de interpretación se definan y se aclaren luego, porque de eso depende el buen desarrollo de nuestra industria".
En varias ocasiones, el gremio ha criticado el actuar de Contraloría, que ha cuestionado permisos de edificación otorgados por las Direcciones de Obras Municipales (DOM), lo que en muchos casos significa una paralización de las inversiones en desarrollo.
Hay casos emblemáticos, como por ejemplo el de inmobiliaria Territoria, que es la iniciativa en desarrollo más grande del país en este momento. En esta oportunidad, un dictamen de Contraloría cuestionó el coeficiente de constructibilidad de un proyecto en Las Condes al aplicar una norma del Plan Regulador que estaría en contraposición con la Ley General de Urbanismo y Construcción. Aunque esto fue para una iniciativa en Los Militares con Apoquindo, dio pie a la Fundación Defendamos la Ciudad para llevar también a esta iniciativa hasta Contraloría. Algunos cálculos que 80 iniciativas por más de US$ 2.000 millones podrían estar en esta misma situación.
Otro caso es el del Parque Pümpin en Valparaíso, que luego de que el alcalde Jorge Sharp acogiera los reclamos de ilegalidad interpuestos por vecinos, la Contraloría respaldó la invalidación del permiso que se realizó.
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