CIAL, una de las mayores y más antiguas empresas constructoras de Chile, bajará la cortina. Después de 38 años de operación, la compañía declaró su quiebra, que dejará sin trabajo a 1.200 personas en la Región de La Araucanía, informó Radio Bío Bío.
Según este medio, la noticia fue confirmada por el propietario de CIAL, Alejandro Becker, quien argumentó que no cuenta con recursos para seguir pagando a sus trabajadores, contratistas y proveedores.
Según el propietario, sería el MOP quien no le habría cancelado los dineros, situación que afectaría a 16 obras. La noticia se conoce a casi una semana de que la naviera danesa Maersk anunciara el cierre de su fábrica de contenedores en Chile, situación que también llevó al despido de otros 1.200 trabajadores.
Versiones encontradas
Medio centenar de trabajadores de la constructora se tomaron las oficinas de la empresa, en Itropulli, en protesta por sueldos, imposiciones y finiquitos impagos, según informó un diario local.
CIAL se adjudicó la pavimentación del camino entre Itropulli y San Pedro y ya estaba en las últimas etapas cuando dejó de pagar remuneraciones, pensiones (alojamiento y comida) y a otros proveedores. “En principio culparon al MOP, pero averiguamos y eso era falso”, explicó el representante de los trabajadores, Pedro Paredes, quien señaló que mantendrán las tomas hasta recibir el pago.
Si no hay respuesta a sus demandas, evalúan tomar medidas como el bloqueo de la ruta.
El Ministerio de Obras Públicas aclaró que actualmente mantiene 11 contratos a nivel nacional con la empresa CIAL, por un total de $53.700 millones. “El MOP le ha pagado por obra ejecutada $43.170 millones a la fecha y no tiene deudas con la empresa, sino procesos normales de pago de acuerdo al estado de la obra. Los pagos pendientes, a los que podría referirse la empresa, son por falta ejecución de las obras (es decir obras aún no ejecutadas), decretos presupuestarios que están en reclamaciones a la Contraloría o liquidaciones aún no están resueltas”, dijo.
La información también fue confirmada por el Residente de Obras, en la localidad, quien sería el representante de la compañía de más alto rango en ese sector.
La decisión de la constructora respondería también a dificultades en la operación, entre los que citan el ataque incendiario que sufrió la empresa el año pasado por parte de cinco encapuchados, y que significaron millonarias pérdidas por destrucción de maquinarias.
Diario Financiero intentó sin éxito contactar a la administración de la constructora para obtener su versión.
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